La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este miércoles la impunidad que, asegura, persiste en el caso del asesinato de 14 pescadores hace 37 años en la localidad de El Amparo, en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), por parte de funcionarios de seguridad del Estado.
“El Estado venezolano no ha tenido voluntad para sancionar a los autores materiales, identificados y confesos, e investigar la cadena de mando. Incluso ha premiado con cargos a responsables señalados”, sostuvo Provea en una publicación en X.
Provea señaló que el caso, conocido como la masacre de El Amparo, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1994, “donde el Estado venezolano fue declarado culpable en 1995”.
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“El Gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) reconoció la responsabilidad internacional por los hechos e indemnizó a las víctimas”, añadió.
La ONG indicó que en 1996 llegó otra sentencia sobre las reparaciones a los asesinados y sus deudos.
“El Estado venezolano quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre”, agregó.
Pese a esto, prosiguió Provea, algunos de los que dispararon solo estuvieron detenidos siete años y luego fueron absueltos.
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“En 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia que absolvió a los policías y militares y ordenó que se les procesara de nuevo. Casi 10 años después no hay voluntad para hacer justicia”, apuntó.
La organización señaló que hasta ahora los “máximos responsables no han sido juzgados ante la Justicia venezolana”.
De acuerdo a la sentencia de la CIDH de 1995, la masacre ocurrió el 29 de octubre de 1988 cuando 16 pescadores del pueblo de El Amparo iban en una embarcación a participar en un paseo de pesca a través del río Arauca.
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Soldados venezolanos que en ese momento efectuaban un operativo militar dispararon contra los pescadores, pero el Ejército reportó un enfrentamiento con guerrilleros colombianos, en el que habían muerto 14 insurgentes y otros dos habían escapado.
Los dos pescadores sobrevivientes se entregaron al día siguiente a la policía y el Ejército intentó capturarlos por la fuerza, pero policías y numerosos civiles se instalaron frente al puesto policial e impidieron la detención.
