Un juez federal de EE.UU. extendió la orden que bloquea la aplicación de una ley de Florida que convierte en delito grave la entrada al estado de migrantes indocumentados e incluso con presencia legal en el país.
El fallo contra la SB 4-C, impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, señala que la ley es probablemente inconstitucional, por lo que se concede una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal.
La ley permitía el arresto y encarcelamiento de personas que ingresaran al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito.
Además, obligaba a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares. Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes sostuvieron que esta ley no solo era cruel, sino que también violaba la ley federal y los derechos constitucionales básicos.
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La jueza también amplió el alcance de la protección legal, aclarando que no solo beneficia a los demandantes originales, sino a todas las personas que podrían haber sido arrestadas bajo la ley SB 4-C.
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, celebró la decisión del tribunal, que falló la noche del martes.
“Esta es una victoria para los derechos humanos, para las familias inmigrantes, para la justicia, para el estado de derecho y para todos los que creen en la Constitución”, agregó.
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Oscar Sarabia Román, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, afirmó que la resolución judicial dejó claro que “esta ley va demasiado lejos”.
Añadió: “Florida intentó evadir las leyes federales de inmigración y castigar a las personas por entrar al estado. Pero las reglas migratorias las establece el Congreso, no los políticos estatales”.
Aunque el estado de Florida ya ha apelado la decisión, por el momento la ley no puede ser aplicada, lo que brinda un respiro temporal a miles de familias inmigrantes en todo el estado.
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El tribunal ordenó que los abogados del fiscal general de Florida, James Uthmeier, se presenten en mayo para explicar por qué no deberían ser sancionados por desacato, después de que el funcionario enviara una carta el 23 de abril en la que afirmaba que “ninguna orden legal vigente impide actualmente a sus agencias seguir aplicando las nuevas leyes de entrada y reingreso ilegal de Florida”.
