Dos hallazgos fiscales por $14.723 millones encontró la Contraloría General de la República por el uso de recursos de regalías en forma inapropiada en el departamento de La Guajira.
Esto como resultado de varias auditorías que se llevaron a cabo en el segundo semestre del 2015, informó el ente de control.
En el primero de los casos, el hallazgo fue por $10.858 millones en el sector de agua potable y saneamiento básico en Riohacha, ya que se incumplió con la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Acueducto y Abastecimiento de agua potable en el corregimiento de camarones.
La administración del alcalde Rafael Ceballos Sierra firmó en mayo del 2013 este contrato para la realización de la obra con el consorcio Aguas para mi pueblo, luego de que el proyecto fuera aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad).
'La obra fue ejecutada en diez meses con un 99% y el porcentaje de ejecución financiero fue de 89%. Tuvo tres suspensiones debido a la sanción realizada por el consorcio Copnia (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería), ya que no cuentan con las licencias, y/o permisos ambientales de explotación de aguas subterráneas y de vertimiento de aguas residuales, requisito indispensable para la presentación y aprobación de los proyectos ante los Ocad', afirma la Contraloría.
El otro hallazgo fue en la Gobernación de La Guajira por valor de $3.865 millones encontrados en el sector de educación, el octavo sector con presunta incidencia fiscal, cuyo objeto es realizar una interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de los proyectos de apoyo a las estrategias de acceso y permanencia de la cobertura educativa, a través de los programas de alimentación y transporte escolar, y al fortalecimiento de la calidad educativa en zona rural de los municipios no certificados en ese departamento.
Aquí el organismo encontró que no había soportes que evidenciaran el total cumplimiento del contrato, como tampoco el seguimiento de avance y ejecución por parte de la interventoría, al encontrar una falta de acreditación de las actividades, para fortalecer la calidad educativa en zona rural de los municipios no certificados.
La Contraloría dice que no se cumplieron con los principios de eficiencia, eficacia y economía, debido a que los bienes o servicios contratados no cubrieron las necesidades de la comunidad beneficiaria y que los resultados obtenidos no promovieron en su totalidad el desarrollo educativo, de salud, social, y económico.
