Minería ilegal, una práctica riesgosa en Luruaco
EL HERALDO se trasladó hasta la población atlanticense para conocer cómo es la actividad detrás de este delito.
Sergio Vega desde que tiene uso de razón ha visto cómo algunos pobladores de su natal Luruaco se ganan la vida picando piedras. Dijo, sentado en una banca de un parque, que la falta de oportunidades laborales los conlleva a la práctica de la minería ilegal.
Junto a él estaban más habitantes de esa pequeña población atlanticense, quienes se mostraron herméticos. Solo con las miradas se les pudo notar que no querían hablar, pero tampoco negaron lo que había pronunciado Vega.
El hombre acomodó su cuerpo en el asiento, tomó confianza y detalló que esta actividad se remonta desde hace décadas y que muchos amigos de él la hacen con la intención de ganarse el pan diario para sus familias.
‘Monita’ en mano
“La gente va a rebuscarse todos los días con su ‘monita’. Van a picar las rocas y venderlas por galones porque no hay empleo aquí en el pueblo”, señaló el luruaquero.
En medio de la charla, que no duró más de 20 minutos, Vega relató que las empresas mineras que se instalan en esa zona dan poco empleo para los habitantes del municipio.
“Es verdad, no son muchas las personas del pueblo que trabajan en esas industrias, pero yo también creo que algunos robos han motivado por eso”, agregó.
Adonay Beltrán, un ‘veterano’ de 83 años, contó que el polvo que sale de la minería tanto legal como ilegal perjudica la salud de los luruaqueros.
“A través de los años he visto mucha gente que se enferma por esto. Además de que la lluvia nunca cae, en cambio, se aleja”, narró mientras estaba en un extremo de su puesto de venta de alimentos.
Según Beltrán, la problemática “siempre ha estado allí” y si algo tiene muy claro es que el municipio no “puede hacer nada para remediarla”.
“Más oportunidades”
“Nosotros necesitamos que hagan algo con esto que se está viendo. Sabemos que Luruaco no puede quitar eso, pero el Estado tiene que intervenir”, expresó.
Respecto a la contratación de personas en las empresas que realizan esta actividad, Adonay resaltó “que la mayoría del personal que trabaja en las compañías no es del municipio, sino que prefieren traer gente de afuera. Nosotros les pedimos que empleen luruaqueros porque aquí hay mucha falta de empleo ya que no hay fuente de trabajo en esta población”, argumentó el comerciante.
La semana pasada la Policía del Atlántico capturó a tres personas por minería ilegal en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de Luruaco, exactamente en el sector denominado trocha El Cafetal, en el kilómetro 4.
Allí sorprendieron a unos hombres que extraían piedra caliza. Al solicitarles la documentación que ampara dicha acción, estos manifestaron no contar con los requisitos legales para ejercer la actividad, ni con los permisos necesarios expedidos por la Agencia Nacional Minera. De inmediato, los señalados fueron llevados ante las autoridades competentes. Además, durante el operativo fue incautado un tractor.
En medio de un recorrido por las zonas donde más se ve la minería ilegal, varios residentes contaron que hay familias que toda su vida se han dedicado a esta práctica. Incluso, han comprado maquinaria pesada para hacer más fácil la tarea.
Asimismo, un habitante –bajo el anonimato- aseveró que cuando las autoridades hacen puestos de control o patrullajes por lugares donde creen que se está desarrollando la minería ilegal, las personas que se encuentran haciéndole desaparecen, claro, por uno o dos días.
Para conocer más a fondo esta situación, el Mayor Fabián Espinosa, comandante del Distrito uno de la Policía del Atlántico, dijo que la institución armada ha venido trabajando en el tema de prevención y obtención de resultados para contrarrestar el delito de extracción ilegal de minería en este sector rural del departamento.
“A la fecha se han obtenido unos resultados contundentes. Se han intervenido 18 minas, de las cuales se han obtenido 24 capturas, se han incautado ocho retroexcavadoras y 10 volquetas que eran utilizadas para esta actividad ilícita”, explicó Espinosa.
Asimismo, el oficial indicó que “realizamos constante monitoreo en todas las vías del Atlántico con el fin de minimizar esta acción delincuencial, debido a que afecta el medio ambiente, afecta nuestras aguas, suelo, flora y fauna y pone en riesgo la vida de las personas por los insumos que se utilizan”.
Los daños
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) también se pronunció y resaltó que se encuentra trabajando de manera conjunta con el Ejército Nacional, la Policía Ambiental y la Fiscalía General de la Nación para evitar que no se siga presentando esta actividad ilícita.
Respecto al daño que genera esta práctica al ecosistema, la CRA destacó que “las actividades de minería a cielo abierto son generadoras de grandes impactos ambientales a los ecosistemas, sin embargo, en la minería ilegal la afectación es mucho mayor dado que se realiza sin contemplar ningún tipo de medida de prevención, corrección, mitigación y/o compensación por pérdida de biodiversidad”.
La Corporación destacó que actualmente se encuentra desarrollando una estrategia de pedagogía social con la finalidad de instruir a las personas que realizan este tipo de actividades y acompañarlas en su proceso de formalización minera.
De acuerdo con el Gobierno de Colombia, el de los Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del proyecto SIMCI, el 87 % de las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA en tierra) está concentrada en tres departamentos del país: Antioquia, Chocó y Bolívar. Según el informe, el 69 % de las evidencias de esta explotación detectadas a partir de percepción remota se encuentran en la categoría de “explotación ilícita”, pues no cuentan con los permisos técnicos y/o ambientales requeridos, ni se encuentran en la categoría de “en tránsito a la legalidad”. El 60 % de la explotación ilícita se localiza en zonas excluibles de la minería.
El Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, aseguró que “con esta información se plantean posibilidades de intervención en los territorios, dirigidas a contener o prevenir la explotación ilícita de oro y generar un avance hacia la formalización de la actividad”.
