Cobradiario, un violento negocio que mueve $5.000 millones al año

Lo delicado de la situación se dimensiona al ver las estadísticas de homicidios: solo entre noviembre último y enero hubo cinco asesinatos en la ciudad, además del incendio de una casa provocado en retaliación por el no pago del crédito. 

La usura y el microtráfico de drogas están priorizados como los delitos a atacarse, dentro de la segunda fase de la intervención en Barranquilla y su área metropolitana ordenada en enero por el presidente Juan Manuel Santos a la Dirección de Investigaciones Judiciales e Interpol (Dijín), debido al aumento de homicidios que hubo en la primera mitad del mes. 

¿De dónde viene?

El componente de violencia de este ‘negocio’ no es gratis, sino de origen. Aunque no se conoce documentación oficial que detalle su génesis, la tesis preponderante entre los organismos de seguridad asocia el término ‘cobradiario’ a las ‘oficinas de cobro’ montadas en las décadas del 80 y 90 por los carteles del narcotráfico de Medellín y Valle del Cauca. 

“Era el sistema de préstamos entre narcotraficantes para los que no tenían dinero con qué adquirir la cocaína y su envío al exterior, con lo cual esas ‘oficinas’ asumían la exigencia de cobrar la deuda”, explicó un investigador de la Dijín. 

En otras palabras, si el narcotráfico transnacional engendró el microtráfico local de estupefacientes, el ‘gota a gota’ puede considerarse hijo del modelo crediticio implantado por los jefes de aquella época como Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela.

Las capturas o muertes de los capos de significaron el ascenso de sus subalternos, que siguieron el esquema con una mayor belicosidad e incluyeron como clientes a cualquier persona, especial de los estratos bajos y medios sin acceso a la oferta bancaria. 

La implantación de este modelo económico clandestino en el Atlántico está ligada a la llegada al Departamento de las Autodefensas, en el año 2000. 

Así lo reseñó un informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur): “Participaron en (...) la organización de grupos de prestamistas en la modalidad de prestadiario y pagadiario, en barrios humildes, específicamente al suroriente y suroccidente que limitan con el municipio de Soledad; lo mismo ocurrió en Malambo y Puerto Colombia”. 

¿Cómo delinquen?

En el área metropolitana se han detectado al menos cinco ‘inversiones’, figura con la que los dueños de algunas de estas oficinas de usura las registraron ante la Cámara de Comercio. 

“Sabemos que hay unas organizaciones en el barrio El Bosque y Soledad, conocidas como familias, todo el equipo de la Metropolitana tiene muy claro cómo delinquen”, detalló el general Jorge Vargas Valencia, director de la Dijín. 

Las redes de cobradiarios se componen de seis niveles. A la cabeza está el dueño de la ruta, que es la persona que suministra el dinero para los préstamos. En este eslabón están identificados pensionados de la Policía y del sector educativo, así como comerciantes con negocios formales. 

Debajo sigue el administrador, responsable de mantener y actualizar las cuentas de cada ruta, con un sueldo mensual promedio de $2,5 millones; secretario(a), que realiza la documentación relacionada con los cobros diarios, gana $2 millones; vigilante, encargado de la seguridad del sitio de recaudo, le pagan $1,4 millones; y supervisor, que verifica la información suministrada por los cobradores sobre la posible mudanza de clientes, que recibe $2 millones. 

Por último están los cobradores, que a diferencia de los anteriores tienen salarios quincenales de $300.000 a $500.000. “El valor que les cancelan a estos varía dependiendo de la antigüedad en la mal llamada ‘firma’ y el tamaño de la ruta asignada”. 

Como ruta se le conoce al recorrido que los cobradores realizan por los barrios (algunos cubren varios) para recolectar los pagos. “Cada una de estas estructuras poseen hasta 15 rutas o más. Dependiendo de eso pueden tener 23 o 25 personas a su servicio, la mayoría cobradores, pero hay unos casos en los que son más”, sostuvo el investigador. 

Cada cobrador o pareja de cobradores (por lo general motorizados) portan talonarios de 30 casillas con fecha de pago, la cuota y firman como constancia. En algunos puede leerse la siguiente ‘letra menuda’ debajo de la firma: “Autorizo a esta empresa a retirar cualquier artículo de esta casa como prenda de garantía por esta deuda, si llego a quedar mal, con o sin consentimiento. En el valor va incluido el servicio de cobro domiciliario, estudios crediticios y gastos de papelería”. 

Lucrativo

En Colombia la usura es un delito que acarrea penas entre 2 años y 8 meses de prisión a 7 años y 6 meses de prisión para “quien reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos”. 

La tasa de usura certificada por la Superfinanciera para créditos de consumo y ordinarios, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, es de 33,51% efectivo anual. Un interés que representa una tasa mensual de 2,79% como tope máximo. 

Las indagaciones de la Policía y la Fiscalía han establecido que, pese a lo anterior, los prestadiarios en el Atlántico manejan en la actualidad intereses mensuales de hasta 20%, casi 10 veces el límite permitido, con préstamos que van desde $100.000 hasta $5 millones dependiendo del nivel económico de la persona y su tiempo como cliente. 

La ecuación que resulta en una jugosa renta de casi 50% de ganancia para el dueño de la ruta, se explica en que un crédito de $1 millón al 20% de interés obliga al deudor a cancelar 30 cuotas diarias de $40 mil, para un total de $1,2 millones. 

A un próximo ‘cliente’, el prestamista le aprobará esa diferencia de $200.000 que ganó del préstamo anterior, con el mismo 20% de interés. De manera que pasará a ganará $240.000, y así hace lo mismo con los demás interesados. 

Al final del mes, con solo seis clientes, el $1 millón que invirtió al comienzo terminará siendo no menos de $1.497.000, teniendo en cuenta que quienes buscan esta clase de préstamos son en su mayoría ciudadanos con bajos salarios, sin capacidad adquisitiva o embargados a raíz de obligaciones incumplidas. 

“Teniendo en cuenta que en Barranquilla ya hay más de 1,3 millones de habitantes, estimamos que el ‘gota a gota’ mueve al año no menos de $5.000 millones, solo en la ciudad, partiendo de que 65% de la población se concentra en los estratos 1, 2 y 3”, dio a conocer el experto de la Dijín.

Una parte importante en este andamiaje es que el dueño de la plata es quien fija el monto a prestar, con lo cual asegura el beneficio con base en el interés. 

“Lo que hemos encontrado es que quien recauda obtiene al final un beneficio de 49,7% –por cada préstamo–”, precisa Botero Coy. 

Delitos conexos

Para las autoridades la importancia de visibilizar al ‘gota a gota’ en Barranquilla y el Atlántico como lo que es –un delito–, radica en que dificulta que puedan estabilizar la reducción de los homicidios que han logrado en la ciudad: a partir de la intervención comenzada el 13 de enero, la tasa de muertes a bala o cuchillo pasó de 3,1 casos diarios a 0,7. 

Constituye un obstáculo porque detrás de esta usura se esconden delitos más graves como robos, amenazas, lesiones personales, desplazamientos y el lavado de activos de bandas delincuenciales, que ven en el negocio de pagadiario una perfecta oportunidad de legalizar las ganancias que obtienen del tráfico de drogas y las extorsiones. 

Y, por supuesto, los homicidios. Así lo evidencian dos hechos ocurridos este año. El 3 de enero murió el prestamista Julio De la Hoz Rojano, de 63 años, minutos después de que el parrillero de una moto lo baleara a las 6 de la tarde. El atentado sucedió en la calle 27B con carrera 6 del barrio Simón Bolívar, suroriente. 

El general Botero indicó que, según las pesquisas, De la Hoz fue citado porque le iban a pagar una deuda. “Lo asesinaron para no pagarle y varias personas beneficiarias de este famoso pagadiario, también han sido lesionadas o su casa les ha sido incinerada”. 

Cuatro días después se registró ese incendio provocado a una vivienda, en la carrera 1A2 con calle 42, en Villa Blanca. En una moto, dos hombres llegaron a la 1 de la madrugada y, frente al inmueble, gritaron los nombres de José Alexander Sarabia y Roxana López García, quienes vivían allí arrendados con sus dos hijos menores 

Al notar que en la casa no había personas, los dos cobradores rociaron gasolina en la fachada. Las llamas arrasaron con camas, una nevera, un televisor, la cocina, un DVD, ropa y otras pertenencias. 

“Rompieron una ventana y lanzaron un trapo encendido dentro de la casa, luego huyeron”, denunció un vecino. “Son cobradiarios que acostumbran a cobrarles a sus clientes hasta en la noche, si no los encuentran en el día”. 

Los otros casos de sicariato relacionados por la Policía con este mercado ilegal dejaron como víctimas al prestamista Alexánder Julio Mendoza, tiroteado el 5 de enero en la carrera 15 con calle 83, barrio La Manga; al expolicía Sergio Orostegui Santofimio, que manejaba una ruta de cobradiarios, baleado el 16 de diciembre dentro de una tienda de la calle 85 con carrera 21, también en La Manga. 

Al igual que al cobrador Gonzalo Osorio Giraldo, atacado el 8 de diciembre en la calle 106 con carrera 26, Los Olivos, y al prestamista Miguel Osío Olmos, acribillado con silenciador el 14 de noviembre en la calle 73 con carrera 39, Las Delicias, adonde llegó para reunirse con un médico. 

“El que inicia ese préstamo se convierte fácilmente en víctima o victimario”, aseveró Botero. “Hemos evidenciado en casos que se dan por sicariato que muchas veces sale más barato, y lo digo abiertamente, pagar a un bandido que asesina a esta persona para no cancelar la cuenta porque ya se le salió de las manos. Eso lo hemos venido estudiando”. 

Detalle: Lavado de activos

El plan contra el ‘gota a gota’ incluirá un análisis por parte de peritos contables de la Dijín y la Fiscalía para identificar plenamente a quienes se lucran en Barranquilla y el Atlántico por este negocio ilegítimo. Para ello se pedirá apoyo a la Cámara de Comercio, Superfinanciera, gremios de comerciantes y la Dian. 

“Vamos a aprovechar todo lo que dio la Reforma Tributaria y la posibilidad de que haya cárcel a partir del delito de usura y el no pago de impuestos. Haremos una revisión financiera de lavado de activos y todos los delitos conexos que hay alrededor de esto”, declaró Vargas. 

Lo anterior abarca la posesión de los electrodomésticos que los cobradores toman de las casas de las víctimas, en cumplimiento de la ‘garantía’ en caso de incumplir los pagos, y que muchas veces terminan siendo empeñados sin siquiera el consentimiento del afectado. 

“Estamos analizando. Por eso le digo, se conecta un delito con otro. Estamos haciendo un trabajo preventivo con las compraventas, preguntar a quién le recibieron y cómo les llegó, a fin de evitar. El que recibe también debe ser capturado”, enfatizó Botero. 

Si usted ha sido victima de cobradiarios, cuéntenos su historia a judiciales@elheraldo.co