Con el fin de monitorear el cumplimiento de las expectativas del Sistema Penal Acusatorio en Colombia en sus primeros cinco años de funcionamiento, la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, implementó desde 2006 el Observatorio Ciudadano del Sistema.
Basado tanto en las cifras oficiales de las entidades, como en la experiencia que funcionarios y académicos han venido acumulando durante todo este tiempo, el estudio concluye que 'podemos decir hoy que este sistema no ha colapsado y que, por el contrario, la conveniencia de su adopción se ha ratificado en varios aspectos de su funcionamiento'.
No obstante, la Corporación, que contó con el apoyo de la Embajada Británica, advierte que esto no quiere decir que haya sido una implementación perfecta, pues son varias las dificultades superadas y vigentes que han sido evidenciadas tanto por los medios de comunicación, como por los actores vinculados al sistema.
Entre los problemas detectados está la insuficiente capacidad investigativa de la Fiscalía, la cual ya se manifiesta en inventarios que superan el millón de noticias criminales, vencimientos de términos, insuficiente aplicación del principio de oportunidad y de la mediación.
Mientras que los logros destacados son: mayor publicidad y transparencia en el funcionamiento de nuestra Justicia, respeto por la libertad, garantías procesales, reducción de tiempos en las noticias criminales que han podido ser evacuadas del sistema y esfuerzos —aún no acabados— para mejorar la atención de las víctimas.
Los retos. Las expectativas del Sistema Penal Acusatorio consistían, en términos generales, en contar con un sistema más garantista, más eficaz, con mayor capacidad para luchar contra la gran criminalidad, que privilegiara la justicia restaurativa y en el cual se brindara una mejor atención a las víctimas, las cuales sumadas redundarían en una mayor confianza de la ciudadanía en el sistema.
Según expertos, la puesta en marcha del sistema acusatorio en Colombia ha sido una de las más vigorosas de Latinoamérica, ya que se asumió el reto de iniciar por Bogotá, y durante su implementación entraron en nuestro ordenamiento la Ley de Infancia y Adolescencia y la Ley de Justicia y Paz, que demandaron de las entidades esfuerzos importantes y simultáneos para poner a funcionar estos sistemas penales.
Los tres entraron a competir casi por los mismos recursos. Esto sin contar con el inventario y nuevos procesos que siguen ingresando por el sistema de la Ley 600.
'Ya el primer paso fue dado y no es el momento de dar vuelta atrás, sino de superar las dificultades con las que cuenta el sistema, por medio de mejores modelos de gestión, de una articulación interinstitucional que pase del diagnóstico a la acción; de una mayor capacitación a los funcionarios, de acuerdo con las necesidades que se han evidenciado en la práctica; de las reformas normativas que se requieran para fortalecer el sistema y de la asignación de los recursos necesarios para que éste pueda cumplir con su función', dice el informe de la CEJ.
Además —agrega—, se debe tomar consideración de la delicada coyuntura actual, marcada por diversos problemas de seguridad en las ciudades, una agenda legislativa que contempla diversas reformas penales desarticuladas, y una percepción ciudadana crecientemente negativa frente al sistema, en significativa medida, influenciada por la manera en que éste es presentado por los medios de comunicación.
Todos estos factores, indica el estudio, constituyen retos que debe afrontar el Sistema Penal Acusatorio hacia futuro, haciéndose necesaria la adopción de medidas pertinentes que no desconozcan la naturaleza del sistema, sus principios ni los objetivos que dieron lugar a su implementación.
Más eficiencia en el Sistema Penal
Uno de los objetivos principales planteados con la introducción del sistema acusatorio consistió en el fortalecimiento de la capacidad del Estado para dar respuesta a la criminalidad por medio de un proceso que permitiera seleccionar los casos de mayor interés para la sociedad, la separación de funciones de investigación y juzgamiento, y el protagonismo de la justicia premial, en la cual se conceden beneficios a quienes le ahorren al Estado el esfuerzo de llevar los procesos hasta sede de juicio oral. Así, con la introducción del Sistema Penal Acusatorio se buscó proporcionar al Estado una herramienta que cumpliera el doble propósito de aportar elementos para la lucha contra el crimen y la reducción de la impunidad.
Por Víctor Ovalle Gil
