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Editorial

Una decisión polémica

La decisión de la JEP de denegar la extradición de Santrich ha desatado una tormenta política de consecuencias impredecibles. Las profundas discrepancias internas en el tribunal hablan por sí solas.

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición de ‘Jesús Santrich’ y ordenar su libertad inmediata ha desatado una tormenta política de consecuencias impredecibles. No solo en el ámbito doméstico colombiano, que ayer mismo se vio sacudido con la dimisión del fiscal general, Néstor Humberto Martínez. También podría tener  repercusiones en las relaciones de nuestro país con EEUU, país reclamante del exdirigente de las Farc.  

A falta de una lectura a profundidad de las 148 páginas del fallo, algo que seguramente ocupará la atención de los analistas en los próximos días, llama la atención el alto nivel de desacuerdo que hubo en la Sección de Revisión de la JEP. De sus cinco integrantes, dos –las magistradas  Gloria Rodríguez y Claudia López, nada sospechosas de ser topos contra el acuerdo de paz– hicieron salvamento de voto con argumentos muy críticos contra la posición mayoritaria. 

En síntesis, ambas consideraron que sus compañeros se extralimitaron en sus funciones, ya que, en su opinión, había evidencias suficientes de que los delitos de narcotráfico por los que se reclama a Santrich fueron cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Por tanto, al exguerrillero no lo cobijaban los beneficios de la justicia transicional.

El procurador general, Fernando Carrillo, a quien tampoco se le puede tachar de enemigo de la paz, anunció ayer mismo que apelará la decisión de la JEP, con argumentos similares a los de las magistradas discrepantes. 

Sin poner en duda la probidad de los magistrados contrarios a la extradición, lo que parece evidente, a la luz de las disensiones internas del tribunal  y de reacciones de instituciones como la Procuraduría y la Fiscalía, es que falta claridad en la delimitación de las competencias de la JEP. Y es un asunto que habrá que resolver de algún modo, sin prejuicios, si de verdad se pretende que la implementación de la paz avance sin permanentes sobresaltos.

Hay otro punto preocupante, que ayer señalaba el senador Rodrigo Lara, y es el riesgo de que el fallo debilite la figura de la extradición, un instrumento que tan útil ha sido para Colombia y que constituye uno de los ejes de las relaciones con EEUU.

Así las cosas, y a menos que prospere la apelación del Procurador, en breve podríamos tener ocupando una curul en la Cámara al hombre que, cuando le preguntaron si pediría perdón a las víctimas, respondió canturreando entre risas: “Quizás, quizás, quizás”. Por supuesto que el recuerdo de este episodio no debía interferir en la decisión de la JEP. Simplemente, hace para muchos menos digerible, si cabe, una decisión ya de por sí demasiado polémica.

 

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