Hoy comienza labores el nuevo Congreso elegido por los colombianos el pasado 11 de marzo. El resultado de las votaciones y las alianzas previas y posteriores a la elección presidencial, nos muestran una conformación de fuerzas en ambas cámaras favorable a los intereses del presidente Duque, lo cual le otorgará a la nueva administración un amplio margen de gobernabilidad, sustentado en la mayoría parlamentaria conformada por las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y un amplio sector del Partido de la U.
Si bien es cierto que el nuevo Gobierno tendrá un camino desprovisto de escollos cuantitativos, la oposición, representada principalmente en los parlamentarios del Partido Verde y en los sectores afines a Gustavo Petro, cuyos votos alcanzaron los 8 millones el pasado 17 de junio, jugará un papel preponderante en el calendario legislativo.
Ambos factores deben servir para consolidar un ejercicio democrático constructivo, sano, apartado del unanimismo, y que, lejos de fomentar la polarización, resulte en mejores leyes, en un control político leal y en agendas que prioricen los intereses de todos los colombianos.
Uno de los hechos más importantes de esta nueva etapa lo constituye la presencia de los representantes del nuevo partido de las Farc, quienes por primera vez se enfrentarán al ejercicio de la política en la legalidad, según lo acordado en las conversaciones de La Habana. El país espera que su aporte se realice con sensatez, moderación y espíritu constructivo; de eso, y de la capacidad de los demás congresistas para asumirlos como sus iguales, depende, en gran medida, el proceso de consolidación de la paz.
El nuevo presidente ha anunciado, ante la confianza de unos y el recelo de otros, que sus relaciones con el Congreso estarán exentas de prebendas, intercambios de favores, tráfico de influencias y cuotas burocráticas. La sociedad espera que las palabras del nuevo mandatario sean su hoja de ruta de gobierno y no una promesa que no podrá cumplir, toda vez que los episodios de corrupción que se urden y se ejecutan en los pasillos y oficinas de nuestros legisladores, han impedido que la política sea, como se espera, el más transparente de los oficios.
La ciudadanía, a través de los mecanismos que le otorga la ley, también tendrá espacios para ejercer su derecho y su deber de exigirles a sus representantes una gestión eficaz, honesta y que responda a las más urgentes necesidades del pueblo; la participación democrática de quienes eligen no termina con el hecho concreto del voto, sino que continúa con la constante fiscalización de las labores que se llevan a cabo al interior del Parlamento.
Deseamos suerte a los hombres y mujeres que desde hoy representarán los intereses de los colombianos desde el Senado y la Cámara de Representantes. Estaremos atentos a su desempeño.
