Uno de los instrumentos fundamentales de que dispone el periodismo para el desarrollo de su misión –en Colombia y en casi la totalidad del mundo democrático– es el derecho al secreto profesional.

Ni el periodista ni el medio donde trabaja pueden ser obligados por la justicia o por cualquier otra autoridad a revelar detalles sobre cómo elaboraron una información.  Mucho menos se les puede forzar a desvelar las fuentes anónimas que hubieren utilizado en desarrollo de la misma.

El uso de fuentes reservadas es una vieja práctica del periodismo, sobre todo en entornos difíciles para  el ejercicio de la profesión, como lo es, sin duda, Colombia. Muchas personas jamás colaborarían con un reportero si no tuvieran garantías de que su anonimato está férreamente protegido.

Sin el derecho al secreto profesional, casos de trascendencia para la sociedad nunca saldrían a la luz. Un ejemplo paradigmático es el ya legendario escándalo de Watergate, que condujo a la dimisión del entonces presidente de EEUU, Richard Nixon, y que partió de las filtraciones de una fuente que los reporteros Woodward y Bernstein mantuvieron durante décadas en secreto bajo el apodo de ‘Garganta profunda’.

El buen periodismo tiene muy claro que la fuente anónima no se debe utilizar con ligereza: solo se recurre a ella en casos excepcionales y sus aportaciones deben ser verificadas con una atención especial, precisamente porque el medio de comunicación corre un evidente riesgo al basarse en la información de una persona a quien no podrá responsabilizar en el caso de un traspiés.

Por todo lo anterior,  nos parece sumamente preocupante el reciente fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que, avalando una decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre una tutela, deja en entredicho el derecho al secreto profesional del periodismo.

La Corte encuentra “razonable” que el tribunal haya ordenado a Publicaciones Semana revelar las pruebas de las afirmaciones (“correos, comunicaciones y soportes”) que usó la revista Dinero para un informe que dejó muy mal parada a la exviceministra del Agua Leyla Rojas, quien demandó al medio de comunicación.

Sin entrar en la discusión de si el informe periodístico estuvo o no debidamente sustentado o si se vulneró indebidamente la honra de la demandante (son cosas que dirimirá la justicia), lo que aquí nos importa subrayar es nuestra inquietud sobre el futuro del secreto profesional.

Confiamos en que la Sala Laboral de la Corte, a la que ha apelado Publicaciones Semana, reconduzca la situación y que este pleito se resuelva sin  necesidad de minar el ya difícil ejercicio del periodismo.