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El tira y afloje entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández por el debate presidencial ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá que originó, por un lado, exigencias leoninas del ingeniero sobre los términos de su realización, y por otro una retadora respuesta del senador, quien lo acusó de despreciar “las más mínimas normas democráticas”, terminó por desviar el foco de asuntos determinantes en este proceso comicial. Entre los más importantes, la exigencia de garantías electorales para quienes viven en cerca de 300 municipios, buena parte de ellos de la Colombia profunda, donde nuevamente la Defensoría del Pueblo alerta sobre el riesgo de acciones armadas de grupos ilegales, en particular el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de Farc. Solo en el Caribe, son 79 territorios de seis departamentos en los que estas organizaciones criminales mantienen vivo un cruento conflicto que agravó su crisis humanitaria en los últimos años.

Es como si el tiempo se hubiera detenido en espacios urbanos y rurales de casi todo el país, desde Putumayo hasta Bolívar, pasando por Antioquia o Magdalena, donde sus habitantes, elección tras elección, renuncian a votar por miedo tras ser víctimas de constreñimiento electoral. Otro inequívoco signo de la desigualdad social institucionalizada en Colombia que, como si se tratara de un sistema, nos ha convertido en un país casi en llamas en el que malviven más de 20 millones de pobres. La alta probabilidad de ocurrencia de hechos violentos que ponen en peligro real la vida e integridad de comunidades vulnerables, como advierte el organismo humanitario o representantes de la Iglesia Católica, actúa como factor disuasorio para quienes desean ejercer su legítimo derecho ciudadano. Al final, sin condiciones de seguridad ni libertad para movilizarse, la participación electoral se ve seriamente comprometida. Primero la vida, frente a eso no cabe ninguna duda.

El despliegue de más de 320 mil hombres de la fuerza pública envía una señal necesaria sobre el valor de nuestra democracia en una jornada tan trascendental como esta, en la que el país se juega su futuro, y no solo es una frase de cajón. En especial, preocupan unos 50 puntos donde la sola presencia de los armados ilegales y luego, sus intimidaciones, presiones o imposiciones a favor de uno u otro candidato –como los mismos electores han denunciado– han enrarecido el ambiente electoral aumentando, de paso, la incertidumbre, temores y la desconfianza entre los votantes. Razones existen de sobra para sentir pasos de animal grande frente a una elección de alta tensión debido a lo cerrado que podría presentarse el resultado final, que se conocerá el domingo después de las cuatro de la tarde.

Tampoco se puede perder de vista que las inescrupulosas maquinarias electoreras se encuentran operativas, a la caza de aquellos que suelen vender su conciencia política por un plato de lentejas enmochilado. La incautación de 530 millones de pesos en efectivo durante un operativo de control vial en Santa Marta y de otros 175 millones en la carretera Bogotá-Villavicencio enciende alarmas sobre las consabidas prácticas clientelistas de siempre que, como las amenazas de los ilegales, nos mantienen atrapados en el pasado. Mientras la pobreza persista, la cultura política seguirá siendo la gran asignatura pendiente en Colombia. A diferencia de lo que sucedió en la primera vuelta, el tráfico de dinero de los corruptos para comprar votos parece cantado en Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y Cesar, de acuerdo con las alertas tempranas detectadas por el Gobierno nacional.

Siendo una elección tan reñida, en la que cada voto, tanto el vergonzante como el de los indecisos, serán cruciales para inclinar la balanza, la posibilidad de un estallido de agitación política no es descartable. Manifestarse es un derecho, pero quien decide deslizarse hacia la violencia como una forma de expresar su inconformidad pone en riesgo su propia seguridad y la de los demás ciudadanos. Ningún escenario violento es conducente a tramitar las diferencias que una elección tan apretada como esta va a ahondar. Aceptar el resultado es lo deseable, pero quienes expresan desde ya dudas frente al mismo tienen la posibilidad de marcar una diferencia importante, respetable y verificable, votando este domingo. No es sensato ni coherente que los que respaldan un ilusionante cambio en el país sean capaces de llevárselo por delante sin más. Que esta elección sea un paso para construir consensos y no un motivo más de desunión. Señores candidatos, por favor calmen las aguas.