No es –o no debería ser– normal que la aparición de una mancha de aceite en el río deje 10 horas sin agua a vastos sectores de una ciudad que con su área metropolitana suma más de dos millones de habitantes.

Fue lo que sucedió el domingo pasado en Barranquilla a raíz del vertimiento de una cantidad aún no establecida de aceite vegetal desde una empresa, cuyo nombre no han suminstrado las autoridades, ubicada en el barrio Pasadena.

Según la versión de la empresa Triple A, la acumulación del producto junto a la bocatoma del acueducto condujo a la decisión de suspender temporalmente el servicio en numerosos barrios  de Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia como medida preventiva, mientras se procedía a la retirada del aceite.

El sevicio fue restablecido pasadas las 7.30 de la noche del mismo domingo, una vez se estableció un cordón protector en el río, alrededor de la bocatoma, para evitar que la mancha de aceite –que aún persiste, si bien algo disminuida– pudiese entrar en el sistema del acueducto. 

El hecho de que la emergencia haya pasado es, sin duda, un motivo de alivio, sobre todo para los populosos barrios que se vieron afectados por el corte del servicio. Sin embargo, no debería dejarnos del todo tranquilos al conjunto de los ciudadanos. 

Como decíamos al comienzo de esta nota, no deberíamos asumir como un hecho normal que algo tan previsible como el vertimiento de aceite en el río pueda dejar a una ciudad a secas. Máxime cuando hace apenas año y medio vivimos una emergencia parecida al hundirse una draga cerca de la bocatoma.

Sería bueno que las autoridades concernidas aprovecharan la coyuntura del actual incidente para explicar con claridad a la ciudadanía cuál es la política de control ambiental sobre las empresas ubicadas a orillas del río. Y, también, qué estrategias existen para conjurar con la mayor celeridad posible los peligros cuando se presenten.

Al menos ya Barranquilla Verde tiene identificada como presunta responsable a la empresa Dispromyl Q.F. S. en C. y ha anunciando una investigación administrativa de carácter sancionatorio con pliego de cargos, toda vez que no tenía actualizado su plan de contingencias para el manejo de derrames de sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiológicos, en este caso aceite de soya crudo.

Estamos hablando no solo de la prestación de un servicio vital para los seres humanos, sino, también, de la protección del medio ambiente. Por eso es imperativo que la ciudadanía disponga de toda la información posible, tanto de los protocolos existentes para hacer frente a las emergencias como de las deficiencias que aún puedan estar presentando los sistemas de protección, con el fin de que subsanen.

No hay que escatimar esfuerzos para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.