Cuando un sector de la sociedad decide tomar justicia por su propia mano no solo viola principios elementales de las normas sobre derechos humanos, sino que puede crear un clima de exaltación popular de consecuencias imprevisibles. Sobra decir, pero bien necesario que lo es, cuán peligroso puede resultar para una comunidad este tipo de prácticas con tono de vendetta.
Quienes están llamados a imponer la ley son la fuerza pública, en cada una de sus ramas, y los tribunales, responsables de desarrollar los procesos judiciales y dictar las preceptivas sentencias. Nunca de manera arbitraria y siempre cumpliendo a cabalidad con los principios fundamentales de presunción de inocencia y derecho a un proceso justo.
Sin embargo, por una serie de factores, dentro de los cuales lamentablemente no podemos excluir la desconfianza de amplios sectores en las autoridades, de tanto en tanto nos vemos sobrecogidos con un estallido de ira de la comunidad contra alguna persona a la que consideran culpable de algún delito.
En lo que va de año se han producido cuatro linchamientos en el departamento del Atlántico. El último caso ocurrió el viernes pasado en Soledad, donde la multitud mató a golpes y puñaladas a un desconocido que hirió a bala a un vecino del barrio Costa Hermosa.
Estos fenómenos de reacciones colectivas en que se pretende hacer justicia por la propia mano no es, ni mucho menos, nuevo. De lo que se trata es de adoptar todas las medidas posibles –coercitivas, legales, pedagógicas, económicas, etc.– para erradicarlo de nuestra sociedad.
En más de una ocasión hemos subrayado en este espacio editorial la necesidad perentoria de aproximar las instituciones a los ciudadanos. Estos deben no solo saber, sino también sentirlo, que las instituciones funcionan debidamente. Que la detención de un delincuente por parte de la fuerza pública conducirá a su detención, a su procesamiento y, si es hallado culpable, a su condena.
El problema es que, por más esfuerzos que estén haciendo las autoridades para concretar dicha aproximación, aún falta mucho trecho por recorrer para ganar la confianza plena del conjunto de los ciudadanos.
Como decíamos, hay otros elementos detonantes de los estallidos de linchamiento. Entre ellos, las condiciones extremas de miseria, que en determinadas circunstancias pueden encuentran en la violencia una válvula irracional de escape.
Ahora bien, son factores que pueden explicar un comportamiento, pero que de ningún modo lo justifican. Los participantes en actos colectivos de venganza deben saber que su conducta es ilegal. Y que pretender suplantar a la justicia tiene su castigo.
