Editoriales |

Polémico vuelo

El uso del avión presidencial por la Primera Dama para un cumpleaños ha desatado una polémica sobre la utilización de los bienes públicos. El debate viene de muy atrás y convendría afinar más la normativa vigente.

Uno de los temas más recurrentes en la historia de la filosofía política es el de las virtudes que se esperan de los gobernantes. Para no remontarnos a los pensadores de la Grecia Antigua, baste decir que uno de los invitados este año a la Cátedra Europa de Uninorte es el español Javier Gomá, autor de un interesantísimo ensayo titulado ‘Ejemplaridad pública’.

Las personalidades públicas, una vez llegan a su cargo, son sometidas a un escrutinio mucho mayor del que son objeto los ciudadanos del común, y, por regla general, dicha vigilancia es mayor y con consecuencias más efectivas cuanto más desarrolladas son las democracias.

En este terreno hay que inscribir la polémica que se ha desatado en torno a la utilización de un avión de las Fuerzas Armadas por parte de la Primera Dama, María Juliana Ruiz, para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos en el Eje Cafetero. En la nave iban varios amiguitos de sus hijos, convidados a la fiesta, con sus madres.

Lo primero que hay que decir al respecto, sin ánimo de minimizar el debate, es que no es la primera vez que se produce un hecho de este tipo. Baste recordar el escándalo monumental que se desató cuando el entonces presidente Gaviria mandó llevar en el Fokker 001 un grupo vallenato a Cartagena para celebrar el cumpleaños de su esposa. Fue tal el revuelo que el mandatario acabó pagando de su bolsillo los más de cuatro millones de pesos que costó el viaje.

También está en la memoria la tormenta mediática desatada en 2009 cuando Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, ‘coló’ a su hijo Martín y varios amigos en el helicóptero militar que lo trasladaba de Anapoima a Bogotá.

Ayer, en un trino, Martín intentó atribuirse toda la responsabilidad de aquel episodio, que describió como una “insensibilidad”, no sin subrayar, como en un conato de justificación, que había asientos libres y por tanto no se generaron gastos extra.

Con respecto al tema que hoy nos ocupa, desde la Presidencia también se ha intentado justificar la utilización del avión presidencial mediante la invocación de varias normativas que relacionan dicho uso con la seguridad de la familia del presidente.

La explicación, al igual que sucedió en los casos anteriores, no convencerá seguramente a buena parte de la opinión pública. Por muchas razones que aduzca Presidencia, la impresión que se transmite es la de un aprovechamiento de los privilegios que otorga el poder. Y eso no es edificante.

El presidente Duque ha reiterado en más de una ocasión su compromiso con la austeridad en el gasto público, y eso siempre se agradece en un gobernante. Cabe por tanto presumir que extraerá las conclusiones pertinentes sobre la citada polémica, por anecdótico, e incluso intachable, que pueda parecerle el hecho que la ha motivado.  

Lo importante es que este incidente ha agitado el siempre sano debate sobre el uso de los bienes públicos. Y, muy en particular, que lo ocurrido sirva de  acicate para afinar la normativa que rige la utilización de los medios de transporte presidenciales. Algo más de precisión le vendría bien.

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