El Consejo Rector de la Universidad del Atlántico aplazó ayer, de nuevo, la elección del rector.

La razón, esta vez, fue la recusación que presentó uno de los candidatos, el exrector encargado Rafael Castillo Pacheco, contra el representante de los gremios ante el máximo órgano de gobierno, Cesar Lorduy, quien de esa forma estaría imposibilitado para votar.

La elección, entonces, quedó prevista para el próximo martes, cuando el recusado haya respondido la queja y no haya motivo para más interrupciones.

Las dilaciones tienen que ver con la filigrana de apoyos que andan buscando los candidatos que en nombre de los estudiantes y profesores (Rafael Castillo Pacheco), de los egresados  (Carlos Prasca Muñoz)

y de los exrectores (Salim Mattar Velilla), aspiran al cargo.

En la elección también intervienen los dos representantes del Gobierno nacional, el gobernador del Atlántico, las directivas académicas y el Intergremial. Hasta ayer el pulso estaba muy ajustado. Aquí un voto puede ser el decisorio.

Cada uno de los aspirantes tiene legítimo derecho a intentar llegar a la rectoría. Lo que resulta inaceptable es que el proceso de elección se dilate una y otra vez por lo que parece más una pugna política que académica. 

La universidad ha esperado lo suficiente. La interinidad de la rectoría completa ya 44 meses, con graves consecuencias para los planes de desarrollo y expansión de una institución que tiene que ser, como el sector en que se desenvuelve, dinámica y previsora.

El Departamento necesita de una universidad pública sólida y eficiente, que recoja la expectativa de sus jóvenes y apuntale con su formación e intervenciones sociales el progreso regional. Urge un centro académico de excelencia acreditada en sus programas, con liderazgo en la ciencia y la permanente actualización de su oferta académica, para garantizar la preparación de los profesionales que demandan los nuevos tiempos.

En momentos en que el país en general y la Costa Caribe se disponen a entrar en una nueva etapa, es la universidad pública –que de alguna forma ha sido escenario de las circunstancias que hoy intentamos superar– la llamada a generar los debates que permitan el avance seguro y consistente por esta senda. Es de esperar, pues, que este sea el último aplazamiento y que, por fin, superemos los embelecos políticos.

Ahí vamos a necesitar que los intereses individuales de los candidatos sean definitivamente depuestos en beneficio de la Universidad, que no es un activo personal, ni gremial, ni político, sino un patrimonio de todo el Departamento y de la Región Caribe.

Confiemos en que el día 9 haya un rector en firme en Uniatlántico. Y, en caso de que el embrollo continúe, habrá que recurrir a otros escenarios, como la búsqueda por consenso de una personalidad de reconocido prestigio que pueda dar un renovado impulso a una institución tan fundamental.