Editoriales |

Lupa en la Registraduría

La denuncia de una supuesta red de tramitadores en los que participan funcionarios del Estado y que “nacionaliza” a ciudadanos venezolanos obliga a estrechar la vigilancia en esta encargada del registro civil nacional.

No son suficientes las auditorías para establecer responsabilidades y poner freno a la corrupción que hoy parece reinar en algunas dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el país. En Barranquilla, una detallada investigación de EL HERALDO mostró cómo opera una red interna que “nacionaliza” a ciudadanos venezolanos. Cobran un millón y medio de pesos para tramitar documentos de manera fraudulenta en la sede ubicada en el Centro de Barranquilla.

El cuento, contado con pelos y señales por una de las tramitadoras del ilícito, refiere que más de 15 venezolanos han obtenido la ciudadanía pagando la suma en mención. La conexión se hace usando una cadena de WhatsApp por medio de la cual son captados los “clientes”. Y lo cobrado se reparte entre la persona que hace el contacto en la calle y un funcionarios que trabaja en la entidad.

Los tramitadores aprovechan las necesidades por las que está pasando la buena gente del país vecino, debido a su crisis, e imponen tarifas por unos servicios que legalmente son de carácter gratuito. Por fortuna, fue descubierto el nudo de corruptela y la Registraduría logró anular 118 registros a extranjeros por irregularidades en los trámites. Es necesario anotar que muchos de los extranjeros que se sometían a estos procedimientos también incurrían en actos irregulares y delictuosos porque pretendían la nacionalidad colombiana con recursos inapropiados.

Por esos hechos, en los últimos 30 meses se han realizado 29 auditorías internas en la entidad, cuatro de ellas en el Atlántico. Un balance que demuestra el foco de corrupción en el país. Las consecuencias de esta investigación dan cuenta de la suspensión provisional de 24 funcionarios y de la destitución de nueve de ellos con procesos disciplinarios y penales que se encuentran en el trámite debido ante Procuraduría y Fiscalía. Los involucrados enfrentan los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, falso testimonio, tráfico de migrantes, entre otros tantos.

La investigación se extiende a los departamentos de Antioquia, Arauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. El mecanismo es el mismo. No importa que los solicitantes no tengan padres colombianos, el cual es un requisito fundamental para obtener el registro civil y la cédula de ciudadanía.

Qué bien la lupa puesta sobre una entidad tan importante como lo es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Más le vale a las cabezas de esa entidad exigir el rigor que merece en los trámites de todo tipo para recuperar su buen nombre.

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