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Editorial

La polémica de la visa

La retirada de la visa a EEUU a tres magistrados de las altas cortes ha causado la comprensible indignación de las instituciones implicadas. Si se trata de una estrategia de presión, cabe confiar en que esta no tenga éxito.

La decisión de EEUU de quitar la visa a tres magistrados colombianos –Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema– ha causado natural revuelo político y la comprensible indignación de las instituciones concernidas.

Aunque la diplomacia estadounidense no ha explicado los motivos de su polémica decisión, se da la circunstancia de que las altas cortes se encuentran en este momento estudiando ciertos asuntos de alta sensibilidad para Washington: la objeciones del Gobierno de Duque a la ley de la JEP (lo que incluye el espinoso tema de la extradición) y el uso del glifosato para la erradicación de los cultivos de coca.

Tradicionalmente, EEUU ha aplicado la retirada de visas a personas que considera incursas en delitos de narcotráfico, lavado de activos, fraude al fisco norteamericano o terrorismo. Lo que ahora ha sucedido con los tres magistrados es, evidentemente, un giro en la utilización de ese mecanismo sancionatorio que podría alterar el buen curso de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Salvo que EEUU ofrezca argumentos convincentes sobre su decisión, la hipótesis que barajan los analistas, y las propias cortes, es que se trata de una medida de presión para condicionar los fallos en favor de los objetivos de Washington. Hay que subrayar que no estamos ante un hecho aislado, ya que viene precedido de otros episodios igualmente preocupantes: la detección de ‘chuzadas’ a las cortes y las revelaciones de varios congresistas colombianos de que el embajador de EEUU los convocó a un encuentro para presionarlos en el caso de las objeciones a la JEP.

El presidente Duque, advertido por las cortes de la situación, se ha limitado de momento a trasladar las quejas de los magistrados al embajador Whitaker y a declarar que la política de visados es un asunto interno de EEUU en el que el Gobierno colombiano no puede interferir. Sin negar que esto último sea cierto, el mandatario quizá podría ser algo más enfático en su apoyo a la instituciones que se sienten presionadas.

En este preocupante escenario, cabe confiar en que los magistrados mantengan la entereza, no sucumban a coacciones de ninguna índole (en el caso de que estemos ciertamente ante una estrategia de intimidación) y actúen a conciencia, sea cual fuere el sentido de sus decisiones judiciales.

Y esperamos también, por supuesto, que la relación con EEUU se reencauce en la tradicional línea de confianza y respeto   que ha predominado durante años. Tensionar los equilibrios democráticos, como podría estar sucediendo en este caso, no conduce a nada bueno.

 

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