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El Editorial | Silencio cómplice tras los ataques contra la prensa

243 agresiones contra la prensa con 279 víctimas ha documentado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) durante el paro nacional. La protección de la prensa garantizada en el “Estatuto de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana” parece letra muerta.

Los hechos de violencia frontal contra la prensa durante la cobertura del paro nacional reafirmaron la falta de garantías de seguridad para el ejercicio de la labor periodística en Colombia. Las inaceptables agresiones, tanto de la fuerza pública como de manifestantes encapuchados, de las que apenas se habla, pusieron al descubierto -una vez más- la vulnerabilidad de los trabajadores de los medios de comunicación, de los tradicionales como los alternativos, mientras registraban los hechos alrededor de las movilizaciones ciudadanas en distintos puntos del territorio nacional. Promover un ambiente de hostilidad contra la prensa para desacreditar o deslegitimar su trabajo compromete la búsqueda de la verdad y termina por despojar a la ciudadanía de información valiosa, lo que atenta contra la libertad de expresión y de prensa.

243 agresiones contra la prensa y 279 víctimas ha documentado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) desde el pasado 28 de abril. De estos episodios, 93 son ataques físicos, 45 amenazas y 22 obstrucciones al trabajo periodístico, atribuidos –entre otros autores- a la fuerza pública en un 55 % de las veces y a particulares, en un 30 %. Repudiables actos violentos contra periodistas, reporteros gráficos y medios de comunicación en general, sin precedentes en el país, que advierte este organismo podrían desembocar en una “normalización de la autocensura” como mecanismo de defensa asumida por los profesionales de la comunicación ante los “tratos discriminatorios y arbitrarios de la fuerza pública”, en particular de la Policía.

De manera enfática, la FLIP señala que “el derecho a la protesta y el derecho a informar y ser informados son fundamentales en la democracia”, pero “el escenario de protestas se ha convertido en un ambiente hostil y violento para el ejercicio del periodismo”. No le falta razón. La escalada de ataques que lamentablemente no ha sido rechazada por los convocantes del paro, sus dirigentes o figuras públicas de los movimientos sociales ni partidos políticos; como tampoco por el presidente Duque, sus ministros o la Policía; pone en riesgo los valores democráticos del país.

En este punto en el que arrecian las presiones y aumentan los riesgos contra la prensa, vale la pena insistir en quiénes somos y qué hacemos. Los periodistas somos civiles, identificados con un carnet, un chaleco u otro distintivo que en ocasiones, en vez de asegurarnos protección, nos exponen a un abuso o un ataque de personas, con o sin uniforme, a quienes les incomoda nuestra presencia. En tiempos de crisis como el actual, el periodismo está sometido a una polarización sectaria en la que cuesta incluso ponerse de acuerdo acerca de qué constituye un hecho que merece ser divulgado. Cada vez con más frecuencia, sectores de la población, defendiendo su posición ideológica o causa particular, no buscan ser informados sobre los hechos acontecidos, sino esperan que los medios les digan que tienen la razón o que sus consideraciones preexistentes son las únicas válidas en el debate público.

Marginar, deslegitimar, descalificar o deshumanizar la información contrastada, veraz y creíble elaborada por un periodista o reportero vulneran la libertad de expresión y de prensa. Quienes lo hacen responden probablemente a una estrategia orientada a propagar la desinformación o la distorsión deliberada de los acontecimientos buscando que reine la desconfianza en las instituciones. Debilitarlas erosiona las democracias. Todo lo que hace la prensa es visto hoy con sospecha desde los distintos extremos que tratan a como dé lugar de desacreditar al mensajero; la versión actualizada -en la era de la posverdad- de la famosa frase metafórica de matar al mensajero.

Al paso que vamos, la prensa deberá enfrentar desafíos aún mayores que socavarán sus cimientos. Ni evadirse ni silenciarse. A pesar de la toxicidad que amenaza con devorar el ejercicio periodístico, asumamos nuestra responsabilidad como cronistas de la realidad, entonemos el mea culpa que nos corresponde –que tiene que ser una tarea permanente- y apelemos al rigor para evitar convertirnos en un actor político de este conflicto mediático en el que los mensajes emocionales o la dictadura del ‘like’ no nos pueden hacer olvidar el carácter del periodismo como un servicio público esencial, siempre dispuesto a encarar la violencia en sus diferentes formas, combatir la impunidad y el menosprecio por los derechos humanos. La prensa debe ser protegida.

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