A los habitantes del Atlántico se les rebosó la copa tras pagar durante años costosos peajes ubicados en las vías del departamento. La última gota, todo un baldado de agua fría, cayó por cuenta del anuncio realizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de instalar una nueva caseta en la carretera de la Cordialidad –donde ya funcionan dos peajes- entre las poblaciones de Arroyo de Piedra, en Luruaco, y Molinero, en Sabanalarga, que tendría un valor de $8.200 para los vehículos particulares. No se requiere ser un avezado matemático para calcular el fortísimo impacto que el cobro tendría en los exiguos bolsillos de estas comunidades, dedicadas a las labores del campo y a actividades turísticas, golpeadas por la suma de crisis desencadenada por la pandemia, que hoy tratan de integrarse a la dinámica de reactivación económica de la región.

Si en condiciones normales la puesta en funcionamiento de un peaje resulta difícil de asumir, bajo las actuales circunstancias no solo es desacertada, sino un desatino. A una sola voz, líderes comunales, concejales, la alcaldesa de Luruaco y congresistas del Atlántico expresaron su rotundo rechazo a la iniciativa que ha provocado enorme malestar social. El desconcierto de la población no solo radica en la inconveniencia del peaje en sí mismo, también se origina en cómo y cuándo fue socializado. Según un acta fechada el 21 de junio de 2016, solo seis personas asistieron ese día a una reunión convocada para tal fin. Una de ellas fue la presidente de la Junta de Acción Comunal, Edanis Pérez, quien le dijo a EL HERALDO que se opuso a la instalación de la caseta frente a la que jamás hubo consenso, y del tema no se volvió a hablar, hasta ahora.

Carece de lógica y sentido común insistir en un asunto tan espinoso sin que la población sepa en profundidad por qué se quiere instalar un peaje en su territorio, para qué va a servirle, o si tendrá tarifas diferenciales. La ANI y la concesión deben reaccionar con rapidez para dar a conocer el alcance de este proyecto abriendo una discusión amplia con la comunidad acerca de la construcción de la segunda calzada entre Luruaco y Sabanalarga, así como las variantes e intersecciones previstas, y otras obras complementarias, contempladas por un valor de $ 4 billones, con 100 % de inversión privada, como ha trascendido. Actuar a tiempo y hacerlo bien, pero sobre todo estableciendo una hoja de ruta coherente con la situación antes de que el descontento popular aumente, es lo correcto.

Resulta clave que la ANI atienda con prontitud los reclamos de los habitantes de los municipios, cada vez más inconformes y hasta molestos con los peajes, lo que ha derivado en protestas populares durante el último mes. Mientras en Sabanagrande la comunidad insiste en el desmonte de la caseta por la finalización de la concesión Ruta Caribe, y aún no se encuentra una salida; en Baranoa se acordó una tarifa diferencial tras una mesa de concertación, que espera ahora la resolución que oficializará la determinación. Pero que no se les haga tarde como ocurre con la tarifa diferencial del peaje Papiros, en Puerto Colombia, que por razones técnicas aún no se está implementando del todo. Cuanto antes se establezcan espacios de diálogo con la gente, más posibilidades habrá de alcanzar acuerdos. No se trata de frenar el desarrollo de la infraestructura vial en el Atlántico, que se requiere en óptimas condiciones para impulsar su crecimiento económico y progreso social, sino de encontrar puntos comunes que no lesionen los intereses de las poblaciones, al tiempo que se construye confianza. La apuesta es grande y el departamento se juega mucho con todo ello.