Una nueva alerta temprana de la Defensoría del Pueblo vuelve a poner el foco en la crisis de indefensión de miles de personas en los Montes de María, donde malviven sometidas a la violencia de grupos armados ilegales, en especial el Clan del Golfo. A todas luces la dominación contra natura, cada vez más consolidada y extendida, de esta estructura criminal erigida a sangre y fuego como agente del orden social en 16 municipios de Bolívar y Sucre, además del sur de Córdoba, ratifica la extrema vulnerabilidad de comunidades enteras y, en particular, de quienes por sus liderazgos son objeto de permanentes hostigamientos y amenazas, muchos de los cuales derivan en asesinatos selectivos. Como si fuera poco, la expansión territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG), responsable de al menos 134 crímenes en los primeros nueve meses de 2022, también corrobora la inadecuada respuesta institucional a las recomendaciones de la propia Defensoría y a las desesperadas denuncias de la sociedad civil. Todo un despropósito que delata una negativa casi que deliberada a reconocer la magnitud de las alarmas.

En los últimos cinco años, la Defensoría ha emitido numerosas alertas para la subregión, advirtiendo sobre el accionar del Clan. Casi todas señalan riesgos puntuales para municipios, como San Onofre y Ovejas, en Sucre, y El Carmen de Bolívar, San Jacinto y María La Baja, en Bolívar. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Que la organización armada ha ensanchado su colonización de zonas urbanas y rurales, aumentando su influencia al punto de que ya usurpa funciones del Estado en la resolución de conflictos, impone sanciones y normas, define asuntos de interés comunitario e interviene en la financiación de proyectos. Esto ante la mirada indolente, casi cómplice, de una institucionalidad subyugada a lo ilegal o, aún peor, en descarada convivencia con autoridades que a cambio de jugosas dádivas le cubren las espaldas a sus negocios ilícitos.  

Ese es el verdadero trasfondo del andamiaje criminal montado por el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) o las disidencias de Farc, enfrentadas por el control de una región considerada la joya de la corona por su valor geoestratégico para el fortalecimiento de las economías ilegales. Los Montes de María, con sus montañas, salida al mar y conexión entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería y Sincelejo, a través de la Troncal de Occidente, la del Caribe y la Transversal de Contenedores, conforma una bisagra que articula la actividad ilícita del sur de Bolívar y Córdoba con las costas y sus puertos, desde donde salen los grandes cargamentos de droga hacia el exterior. Quien controla el territorio, lo domina todo: el tráfico ilegal de estupefacientes, de armas, el contrabando de licores, cigarrillos, madera, la extorsión, la explotación sexual, la trata de personas y el préstamo gota a gota. Nada se les escapa y nadie está a salvo de las amenazas o ataques del Clan que terceriza en bandas locales sus acciones. 

Todos saben quiénes son los autores de estas crecientes infamias, pero el miedo puede más, de modo que al final el silencio por supervivencia se impone. Tantas formas crueles e indignas de esclavitud o servidumbre, lleva a preguntarnos ¿dónde está el Estado? Sin ninguna certeza de hallar respaldo o protección en autoridades civiles ni en la fuerza pública, ¿qué opciones les quedan a las mujeres, líderes sociales, defensores de derechos humanos, jóvenes o comunidades indígenas, víctimas de la gobernanza criminal de las AGC? Si la defensa de la vida es lo más importante para el Gobierno del cambio, ¿por qué no han asumido aún la gravísima situación de los Montes de María? Sus pobladores se resisten a este nuevo conflicto que los llena de zozobra, los devuelve a un pasado aún no superado y reedita el dolor por su abandono eterno. Todo indica, por ahora, que nada cambiará pese al clamor de aquellos que no tienen quién los defienda.