Los migrantes siguen siendo “presa fácil” de las infames redes de trata de personas, de esclavitud moderna, explotación sexual o laboral, y de reclutamiento forzado en la frontera colombo-venezolana. Este drama humanitario que padecen, principalmente, menores de edad y mujeres cruzando con sus hijos pequeños se ha agravado por una nueva presencia irregular, la de los ‘coyotes’, que se suma al accionar criminal de organizaciones armadas ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, el Frente Bolivariano de Liberación y la temible banda del vecino país conocida como el Tren de Aragua, que los “coaptan” para integrarlos a sus filas. 

La grave denuncia de la ONG venezolana Fundaredes alerta sobre la reinvención de la figura del ‘coyote’ en el peligroso corredor fronterizo Apure-Arauca, entre otros pasos irregulares, donde los traficantes de seres humanos “ofrecen sus servicios a los migrantes para trasladarlos hasta su destino”. Pese a que la economía del vecino país, tras años de catastróficas caídas, muestra incipientes signos de estabilización tras las reformas de libre mercado puestas en marcha por el régimen autoritario de Nicolás Maduro, la situación en general sigue siendo dramática. Contra todo pronóstico, el largo periodo de hiperinflación terminó, pero todavía miles de ciudadanos venezolanos continúan emigrando a Colombia. O lo que es lo mismo, escapando de insufribles condiciones socioeconómicas y de violencia que los aprisionan. 

El viacrucis de los migrantes, en particular de las mujeres, edita un nuevo episodio, luego de su llegada a Colombia. Al menos 11 han denunciado haber sido víctimas de abusos sexuales en carreteras de Norte de Santander en los últimos 15 días, mientras que casi 9 de cada 10 indica haber tenido serias dificultades para obtener un empleo remunerado. Dato alarmante por sí solo que se eleva a casi el 94 % cuando se trata de mayores de 55 años. Aunque más de la mitad de los venezolanos residente en el país dice que no ha sufrido discriminación de ningún sector de la sociedad, sí reconoce la falta de oportunidades laborales como la más importante barrera a vencer para mejorar sus ingresos mensuales, que en la actualidad oscilan entre los $700 mil y $1.000.000, de acuerdo con la encuesta Pulso de la Migración. 

Los inconvenientes reportados por la población migrante en la medición del Dane confirman la disfuncionalidad de nuestro mercado laboral caracterizado por altas tasas zde desocupación e informalidad, empleos precarios y protección social deficiente, que también afectan a millones de colombianos. Facilitar mecanismos adicionales, en los ámbitos público y privado, para lograr la integración socioeconómica de esta población asegurará su adecuada inclusión a la vida productiva de nuestro país, en tanto aportan con su trabajo al régimen de seguridad social. Por consiguiente, es necesario insistir en la eliminación de obstáculos que impidan su formalización en esta fase de reactivación pospandemia. 

Hasta ahora, más de 2 millones de ellos se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, de los que 934 mil ya han recibido su Permiso de Protección Temporal, una tarjeta que los identifica como ciudadanos sujetos de derechos y deberes durante 10 años en Colombia. Gracias a este estatus migratorio regular podrán acceder a condiciones de vida digna. Vale la pena que se aproveche esta medida de alcance político, jurídico y humanitario que, por cierto, vence el próximo 28 de mayo para los migrantes irregulares que ingresaron al país antes del 31 de enero de 2021. 

La migración, un fenómeno de movilidad humana presionado por determinantes de distinta naturaleza, no conoce límites ni va a parar tras el fin del actual Gobierno. Si bien es cierto que el saliente ejecutivo de Iván Duque dio un paso histórico para gestionar la regularización de la población migrante venezolana, el entrante, independientemente de su color político u orientación ideológica, no debe dar pasos atrás. Prevenir la xenofobia que se legitima por causa de los discursos o mensajes discriminatorios de las autoridades; promover la integración socioeconómica, en particular la inclusión laboral del colectivo migrante de Venezuela y de otros países, y fortalecer la política migratoria frente a otros fenómenos de movilidad humana son acciones que deben ser parte de la agenda del próximo Ejecutivo, al que el saliente –pese a sus claroscuros en distintos temas– le ha dejado el listón bastante alto en esta materia.