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Editorial

El Editorial | El reencuentro más esperado

Por primera vez, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas encontró a un hombre a quien su familia creía muerto hace 35 años, tras huir de su tierra por presión de los violentos.

35 años de incertidumbre y dolor terminaron para una familia de Arauca con un reencuentro dignificante que les devolvió la alegría. Una historia rebosante de esperanza que ilusiona a miles de hogares que, en Colombia, sueñan cada día con volver a saber de sus seres queridos desaparecidos como consecuencia de la absurda guerra que nos desangra hace más de medio siglo.

Por primera vez la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) logró establecer el paradero de un hombre que en 1985 debió dejar su hogar por presión de una organización ilegal que quería reclutarlo. Esta persona pudo escapar, pero en retaliación, el grupo armado amenazó, persiguió y asesinó a quienes lo ayudaron a hacerlo, y a su familia, la violencia la obligó a desplazarse de su región de origen, en el nororiente del país.

Su historia común se rompió en ese momento, y por miedo a las represalias de los violentos, pensando que lo peor habría sucedido, nunca más volvieron a verse, hablarse, ni siquiera intentaron buscarse, hasta ahora. Hace 10 meses, la familia del hombre, que huyó de su tierra y de los suyos para salvar su vida, acudió a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que en un trabajo humanitario y extrajudicial de pura filigrana, y teniendo como único documento el registro civil de la víctima, empezó a tejer los hilos rotos de esta historia hasta hilvanar los primeros retazos.

A pesar de las persecuciones y hostigamientos en su contra, este hombre, quien hoy tiene 60 años, logró mantenerse a salvo, viviendo apenas a 343 kilómetros del sitio en el que su familia lo vio por última vez, una distancia relativamente corta, similar a la comprendida entre Barranquilla y Montería. Sin saberlo, estaba mucho más cerca de lo que alguna vez imaginaron quienes lo buscaban. Luego de encontrarlo y corroborar su identidad, se le consultó si  tenía voluntad o interés de volver a ver a su familia. Una vez se surtió este paso, se produjo el conmovedor encuentro.

Es la primera vez que esta entidad, resultado del acuerdo de paz de 2016, logra ubicar a un desaparecido con vida para ponerlo en contacto con su familia que lo busca. Una tarea humanitaria que apuntala la misión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que también conforman la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, cuyo sentido fundamental apunta a satisfacer los derechos de la víctimas del conflicto armado para construir paz en todo el país, especialmente en los territorios distantes y martirizados por la violencia.

Las historias alrededor de la guerra casi nunca tienen finales felices. Por eso, éste resulta tan prometedor. Sin duda alguna, encierra un mensaje poderoso que le habla directamente a un país que se debate en medio de la ferocidad del conflicto y de las profundas diferencias entre defensores y detractores de la paz, y alienta a más familias de desaparecidos a superar el paralizante miedo que las ha llevado a desconfiar durante décadas de las instituciones. Es un momento excepcional para volver a creer y renovar la esperanza dándole una oportunidad a la gestión humanitaria de este organismo creado a instancias de las víctimas y de la sociedad civil para avanzar en la esquiva reconciliación nacional.

El caso de la familia de Arauca demostró que es posible hallar con vida a los desaparecidos tras décadas de sufrimiento e incertidumbre, ¿qué puede haber más emocionante que eso? Acompañar la labor de la unidad de búsqueda debe ser un compromiso de cada ciudadano, más allá de su ideología, por un tema de simple humanidad. Con un mandato claro, esta entidad tiene mucho por hacer en un país, donde se estima que hay 85 mil personas desaparecidas, 25 mil de ellas víctimas de desaparición forzada por el conflicto armado. ¿Por qué no intentarlo? La violencia, en Colombia, no puede tener la última palabra.

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