Con los resultados de las pruebas Saber Pro (examen de Estado que deben presentar obligatoriamente los futuros profesionales para graduarse) se construye un ranking de Instituciones de Educación Superior del país. Ese escalafón muestra, desde su creación, un dato inquietante para nuestra región: la mejor universidad pública de la Costa Caribe se encuentra claramente rezagada frente a las principales universidades estatales del centro del país, del Valle y de Santander. Mientras la Nacional, la de Antioquia, la del Valle o la UIS se ubican en la franja de los 160, 170 o más puntos, la del Atlántico, la institución pública mejor posicionada en el Caribe, registra puntajes entre diez y treinta puntos por debajo. Esa brecha tiene raíces políticas, sociales y económicas.
El ranking es una medida indirecta de la calidad con la que se forma el capital humano en Colombia. Mientras las universidades públicas líderes del interior consolidan programas de doctorado, grupos de investigación robustos y resultados sobresalientes en Saber Pro, la Costa Caribe continúa presentando como referente una institución que no logra ingresar al grupo de excelencia nacional y que, además, atraviesa una crisis persistente.
En nuestra Universidad del Atlántico deberían discutirse estrategias para cerrar la brecha con la Nacional, la de Antioquia o la UIS; definirse políticas para atraer y retener a los mejores profesores; y fortalecerse su internacionalización. Sin embargo, en lugar de ello, la institución vive inmersa en disputas por la rectoría, paros prolongados y conflictos atravesados por intereses políticos. El tiempo que otras universidades invierten en mejorar sus indicadores de calidad, aquí se consume en la gestión de las crisis internas.
La consecuencia es previsible: la distancia con las mejores universidades públicas del país se amplía. Cohorte tras cohorte, cientos de jóvenes del Caribe se gradúan de una institución que no les ofrece oportunidades de formación equivalentes a las de sus pares en el interior. Además de ser una inequidad evidente, constituye una profunda ineficiencia.
Como si fuera poco, al inquietante panorama se añade el silencio casi absoluto de la comunidad académica, política y empresarial. Cada vez que se normaliza, con indiferencia, la parálisis institucional o se justifica la precariedad con el argumento de que “siempre ha sido así”, se renuncia no solo a mejorar posiciones en un ranking, sino a la posibilidad real de que el Caribe cuente con una universidad pública acorde con las capacidades y aspiraciones de su población.
A este contexto, se suma la reducción, por parte del gobierno de turno, de la capacidad del ICETEX para financiar estudios en instituciones de alta exigencia académica. Muchas familias de la región, que encontraban en los créditos educativos una vía para que sus hijos accedieran, con esfuerzo y disciplina, a universidades privadas de reconocida trayectoria, han visto cerrada esa posibilidad. Así, por un lado, se deteriora la universidad pública y, por el otro, se restringe el acceso a alternativas privadas de calidad.
Es imposible hablar con seriedad de competitividad regional y de cierre de brechas frente al centro del país sin contar con una universidad pública sólida, estable y de alta calidad, y con un sistema de financiamiento estudiantil, sea estatal o regional, que dé oportunidades a los jóvenes que se esfuerzan por formarse con altos estándares académicos en instituciones privadas.
@hmbaquero
