Editorial

Distrito y SAE: oportunidad para el diálogo

Quedan muchas conversaciones por delante, pero atendiendo a la relevancia estratégica de Triple A para Barranquilla y el resto del Atlántico conviene ser pragmáticos e intentar avanzar, sin dilaciones, en un mismo camino que favorezca el diálogo respetuoso, sin ofuscación ni revanchismos, para resolver las diferencias o cuestionamientos planteados acerca de la transparencia de la compraventa del paquete de acciones hecha por la empresa de economía mixta K-yena, de la cual la Alcaldía es socia mayoritaria.

Tras una estela de desencuentros, andanadas y acusaciones temerarias, agudizadas por la decisión de la Procuraduría de abrir investigación al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de suspenderlo por tres meses, el Distrito y la entidad nacional lograron un primer acercamiento. Quedan muchas conversaciones por delante, pero atendiendo a la relevancia estratégica de Triple A para Barranquilla y el resto del Atlántico conviene ser pragmáticos e intentar avanzar, sin dilaciones, en un mismo camino que favorezca el diálogo respetuoso, sin ofuscación ni revanchismos, para resolver las diferencias o cuestionamientos planteados acerca de la transparencia de la compraventa del paquete de acciones hecha por la empresa de economía mixta K-yena, de la cual la Alcaldía es socia mayoritaria. Por el bien de los usuarios, que somos decenas de miles de hogares en el departamento, es menester de ambas partes esforzarse en lo que haga falta para poner fin a un innecesario tiempo de discordia que no suma sino dolores de cabeza por la incertidumbre que abre en torno al futuro de la compañía.


Como es el deber ser, el alcalde Jaime Pumarejo y el presidente de la SAE, Daniel Rojas, se encontraron para conversar de frente sobre las posibles salidas jurídicas que conjuren el tortuoso escenario de acciones legales, entre ellas un eventual tribunal de arbitramiento que dilataría la definición del caso, al menos dos años. Una reunión que, aunque no supone la resolución del conflicto, sí abre una nueva etapa y, sobre todo, rompe la inercia en la que había caído el asunto luego de la inesperada suspensión del contrato por la Superintendencia de Servicios Públicos a principio del año. Indiscutiblemente, representa un paso necesario en el sentido correcto porque demuestra la voluntad de ambas partes para dirimir sus evidentes diferencias en torno a una cuestión fundamental sobre la que gravita todo y de la que nos hemos ocupado en EL HERALDO con insistencia: la valoración de Triple A, de acuerdo con las distintas perspectivas.


Las cuentas que defiende el Distrito, sustentadas en una estimación de la firma Deloitte, contratada en su momento por la propia SAE, y de otras dos compañías: una a petición de la Alcaldía y la restante solicitada, adicionalmente, por la sociedad, fijaron el valor del paquete accionario de 82,16 % en $565 mil millones, de acuerdo con el contrato de concesión vigente hasta 2023 y con el pago del 30 % de su flujo de caja libre anual que debe hacer a la Alcaldía, sin contemplar los activos de la empresa. Entre otros, las redes que son de Barranquilla. La tasación de Superservicios fue de $2,4 billones a perpetuidad y de $1,9 billones hasta el fin de esta concesión, sin incluir la de Soledad. Lo mejor que podría pasar es que ambas partes expongan con ánimo conciliador los modelos o parámetros técnicos, jurídicos y financieros que soportan sus valoraciones. No está de más insistir en que Triple A, entre 2000 y 2017, bajo la administración de Inassa –filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II– fue saqueada por sus directivos y gerentes que desviaron de manera fraudulenta casi $240 mil millones.


¿No sería deseable, además de justo, que el Estado colombiano devolviera a Barranquilla la soberanía de Triple A, en vez de que la ciudad deba pagar por recuperarla? ¿No es lo que ha hecho la SAE con bienes bajo su administración en otras ciudades? Como mínimo, nos merecemos un trato similar, teniendo en cuenta el derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos a tener servicios públicos dignos. Presuponemos que el Gobierno tiene toda la disposición para llegar a un acuerdo en este sentido que, por un lado, salvaguarde el patrimonio público y, por otro, garantice la prestación de agua potable y saneamiento básico. Ciertamente, este es un escenario con muchas más ventajas para el Distrito y la SAE que una disputa legal, pero ante todo para quienes 
exigen un manejo desprovisto de dañinas politizaciones en las empresas de servicios públicos como garantía de estabilidad. Tras nefastas experiencias en el pasado, somos muchos los que hemos quedado en Barranquilla curados de espantos.

 

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