Colombia es hoy un país empobrecido. Una nación golpeada con vehemencia por los efectos de la covid-19 que ha agudizado la precariedad socioeconómica de ciudadanos, especialmente de la clase media que ha soportado el impacto de esta descomunal crisis que disparó la pobreza monetaria a 42,5 % en 2020. Un año nefasto para esta población trabajadora que se contrajo de 14,7 millones de ciudadanos en 2019 a 12,5 millones en 2020, lo cual confirma la salida de al menos 2,5 millones de personas de esta categoría por un deterioro de sus ingresos.

Atlántico no es la excepción. Somos el tercer departamento donde más personas entraron el año pasado en pobreza monetaria, 345 mil ciudadanos, lo que elevó la cifra a 1.046.611, el 40,2 % de la población. El resto de la Costa, una región con más de 5,9 millones de pobres -el 52,5 % de sus habitantes- tampoco se libra del impacto de la tormenta económica que ha empeorado la calidad de vida de las clases menos favorecidas, en las que se registran miles de nuevos hogares en situación de extrema vulnerabilidad. La fotografía de esta calamitosa realidad social no deja dudas frente a las razones que llevan a miles de personas a las calles a protestar a través de movilizaciones pacíficas en las que piden se solventen el conjunto de circunstancias que les generan frustración, rabia e impotencia al sentirse sometidas por las elites y desamparadas por la política.

Intentar entender los motivos de este inconformismo acrecentado por las consecuencias de la pandemia es clave para que Colombia, la institucionalidad y la sociedad -como un todo-  asuma que no puede dilatar por más tiempo la búsqueda de soluciones a esta desigualdad, causa y efecto de las grandes desestabilizaciones afrontadas durante los últimos años. El cambio lo construimos todos, como los consensos de los que hoy hablan distintos sectores, entre ellos Gobierno y oposición, para ofrecer oportunidades y garantías a quienes  sienten que no las tienen. Dejando de considerar al adversario como enemigo, hay que favorecer el diálogo para superar el estado de cosas irresolubles que amenazan con arruinar a nuestro país.

Hay sectores afectados de forma severa que en medio de estos desequilibrios merecen atención prioritaria. Como mujer me refiero a uno de ellos. La brecha laboral de género. Un asunto del que poco se habla y se menciona solo cuando el DANE revela la tasa de desempleo mensual. Como si se tratara de un indeseable efecto del virus, tal parece que se terminó por naturalizar esta odiosa discriminación, y lo que es aún peor, de buscar mecanismos para revertirla.

Los datos del mercado laboral son concluyentes y confirman los alarmantes retrocesos en este escenario históricamente inequitativo. En marzo, por cada cuatro hombres que recuperaron su puesto de trabajo, se produjo la expulsión de una mujer, con lo que el índice de desempleo para ellos se sitúo en 10,9 %, mientras que para las mujeres llegó a 18,8 %, una diferencia de más de 8 puntos porcentuales, o en otras palabras, por cada hombre desempleado hay dos mujeres. Un sesgo de género desesperanzador profundizado mes tras mes, en tanto transcurre el lento proceso de recuperación laboral. La reducción de su participación en la fuerza de trabajo del país anticipa lo duro y demorado que será para las mujeres, que perdieron su empleo o renunciaron a él para dedicarse a la economía del cuidado, volver a sumarse a un mercado laboral excesivamente dispar y en el que su tasa de ocupación se había estancado durante la última década antes de la pandemia.

¿Cómo decirle a una mujer cabeza de hogar que no marche o a una joven sin trabajo que no lo haga? Sin duda, lo hacen convencidas de que su gesto puede desencadenar una reacción que redunde en su beneficio. Tienen derecho a opciones dignas, al igual que la juventud que merece capítulo aparte. Poniendo sobre la mesa el clamor de unos y otros y de tantos que hoy se sienten desatendidos, es el tiempo del diálogo y de construir consensos. Los violentos no pueden tener la última palabra.