Al menos 300 ‘ollas’ de vicio estarían funcionando en Barranquilla y su área metropolitana, de acuerdo con lo revelado por el ministro de Defensa, Diego Molano, en su reciente visita a la ciudad. Dato alarmante si se tiene en cuenta que estos sitios usados como expendios de drogas y centros de consumo ‘alimentan’ el negocio del narcotráfico que beneficia solo a unos pocos y es el mayor detonante de violencia, criminalidad y terror en sectores vulnerables, donde se ensaña especialmente contra niños y jóvenes.

Los llamados jíbaros, dueños o administradores de estas ‘ollas’ no sólo engatusan a los menores de edad hasta convertirlos en sus clientes, sino que también los instrumentalizan para ponerlos al servicio de estructuras criminales dedicadas a todo tipo de hechos ilícitos, desde robos hasta asesinatos pasando por amenazas, extorsiones, secuestros y fraudes. Estos sujetos no actúan solos. Por el contrario, forman parte de bandas con delimitaciones territoriales en las que su actividad delincuencial se ampara en estructuras mucho más organizadas, como ‘Los Costeños’, ‘Los Papalópez’ o el Clan del Golfo, enfrentadas por el control del narcotráfico y otras rentas ilegales en el departamento.

La facilidad con la que se ‘mueven’ estos grupos delictivos en los barrios, sobre todo en los del suroriente y suroccidente de Barranquilla, así como en sectores de Soledad y Malambo, pone al descubierto la fragilidad de las instituciones sociales tanto civiles como oficiales y revela la existencia de problemas muy profundos que exigen la atención de las autoridades político administrativas, policiales y de justicia en las que se ha perdido la confianza. Es su obligación permanente abordar la complejidad socioeconómica de estas comunidades que en muchos casos viven intimidadas, presas de miedo y sometidas a los abusos de estos delincuentes que actúan como dueños y señores de zonas donde ni la Policía entra, según denuncian los afectados.

Frente a las ruinas de una casa en el barrio La Esmeralda, en Barranquilla, derribada por ser una ‘olla’ de vicio, el ministro Molano sentenció a estas organizaciones criminales, principalmente al Clan del Golfo, responsable del asesinato de 3 policías, entre ellos dos atlanticenses, en Sucre y Antioquia. “No vamos a desfallecer hasta que desarticulemos sus estructuras que generan crimen, violencia y que le roban la tranquilidad a los barrios de las ciudades de nuestro país”, dijo.

Molano, flanqueado por el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, se comprometió a desarticular estas bandas y a judicializar a sus integrantes para reducir el tráfico local de estupefacientes y su comercialización a menores de edad, como parte del ‘Plan 100 contra el microtráfico’, estrategia nacional a ejecutarse durante las 14 semanas siguientes en más de 50 puntos del país, sobre todo en entornos educativos y el espacio público.

Mensaje valioso que corre el riesgo de quedarse en palabras al viento si no se acompaña de un robusto programa de alcance social que sea sostenible y con presencia permanente de instituciones del orden nacional y local para ofrecer oportunidades de educación, trabajo, recreación y deporte a niños y jóvenes de estos barrios, blanco fácil de los delincuentes.

Demoler seis ‘ollas’ más en el Atlántico en los próximos días, como anticipó el ministro Molano, y sumar a los habitantes de estos barrios a través de redes de participación comunitaria son señales alentadoras para reforzar la seguridad ciudadana, pero la clave está en trabajar por construir espacios de convivencia seguros, protectores, respetuosos e incluyentes para los menores de edad en los que sus derechos sean priorizados.