Como correspondía, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha sostenido durante el último mes hasta 11 mesas de diálogo con 13 comunidades del Canal del Dique. Cerca de 700 personas de municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre, entre líderes sociales, dirigentes campesinos e integrantes de comunidades afrodescendientes, han participado de los encuentros territoriales que continuarán esta semana y en los que se ha intentado dar respuesta a los principales cuestionamientos ciudadanos sobre el alcance del proyecto.

Decisión acertada, al igual que necesaria, por lo mucho que está en juego. Por un lado, la restauración de los ecosistemas degradados en la zona y por otro, la navegabilidad del río Magdalena, a grandes rasgos. Pero, sobre todo, la estabilidad socioeconómica de pescadores artesanales, agricultores, ganaderos y decenas de miles de familias asentadas a lo largo de los 115 kilómetros que comprende la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. 

Lo desafortunado es el timming. O en otras palabras, el momento. 

Se ha malgastado demasiado tiempo valioso y todavía no ha sido posible poner en marcha esta crucial iniciativa, también concebida para mitigar el impacto de eventuales inundaciones en las poblaciones ribereñas debido al embate de un duro invierno que seguirá arreciando en las próximas semanas. En este sentido, volver a lo mismo resulta extenuante, pero si el anterior gobierno hubiera reaccionado de manera oportuna, quizás otro sería el cantar. No se escuchó de forma adecuada ni en la ocasión precisa el clamor de quienes solicitaban ser tenidos en cuenta. Al final, cuando el ruido del enorme malestar de las comunidades lo cubría todo, se hizo tan tarde que la definición del proyecto, inmerso en numerosas controversias, terminó siendo aplazada. 

El cambio de gobierno hizo el resto. La socialización debió empezar casi de cero.  

Ante posibles riesgos de inestabilidad futura, el camino a recorrer era el del diálogo. Siempre lo fue. Desde el principio se tenían que haber despejado las dudas sobre una obra tan colosal e imprescindible que se esperaba fuera finalmente adjudicada el pasado 30 de septiembre, pero tampoco fue posible. Entre medias, una acción de tutela interpuesta por una comunidad de Bolívar, respecto a la que se decretaron medidas cautelares, desató un conflicto de competencias, lo que obligó a suspender el proyecto de manera indefinida dejándolo en un limbo jurídico a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo podrá demorar? 6 u 8 meses, en el mejor de los casos. 

Aunque la ANI apuesta por lograr un acuerdo directo con los tutelantes para acelerar la ejecución de un proceso que es realmente prioritario. 

No es de extrañar que en este contexto de incertidumbre, otras poblaciones, en este caso las del sur del Atlántico, levanten su voz de protesta.

Mientras el Ideam anuncia lluvias “significativas”, con angustia estas comunidades, muchas de ellas aún golpeadas por los efectos de las crisis económica y social derivadas de la ruptura del Canal del Dique en 2010, denuncian la existencia de boquetes o puntos críticos que amenazan con repetir esa tragedia. Llevan dos días bloqueando la carretera Oriental en defensa del interés general, es lo que dicen, pese a causar una afectación general a los usuarios de la vía. Piden acciones de mitigación, que denuncian aún no se ejecutan a pesar de la emergencia, pero la verdad es que estas no resolverán el problema de fondo. 

Como tantas veces ha ocurrido en la Costa, para la muestra la APP del Río, el gobierno anterior perdió la oportunidad de ejecutar una obra de gran impacto para la región. Que el actual no pierda el impulso y continúe haciendo todo lo que sea necesario para cumplirle, como se debe, al Caribe. No nos dejen solos, una vez más. Las consecuencias podrían ser desastrosas.