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Editorial

El Editorial | Agresiones sistemáticas

Sin perder de vista que la Corte es clara al señalar que la Constitución protege la protesta pacífica y no la violenta, el Gobierno debe asumir que el tribunal reconoce una alarmante sistematicidad en las agresiones a la protesta.

Por ahora el Gobierno nacional no adoptará nuevas medidas para garantizar la protesta en Colombia, ni el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofrecerá disculpas por los excesos de la Fuerza Pública en las movilizaciones ciudadanas, como lo había solicitado en un histórico fallo la Corte Suprema de Justicia al establecer “una problemática de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” en las protestas sociales registradas desde noviembre de 2019 en el país.

Esto no significa que el Ejecutivo no haya dado respuesta a lo señalado por el alto tribunal. Por el contrario, al término de una reunión celebrada en la Casa de Nariño el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien asumió la vocería, anunció que el Gobierno nacional le pedirá a la Corte Constitucional que revise esta decisión, resultado de una acción de tutela interpuesta por cerca de 50 ciudadanos que sintieron vulnerado su derecho a manifestarse por las “sistemáticas agresiones” cometidas por el Gobierno y el Esmad durante las jornadas de protesta.

En su declaración, el ministro aclaró que las manifestaciones ciudadanas, públicas y pacíficas están garantizadas por la Constitución Política, y señaló que la actuación del Esmad “se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”. En el caso de abusos o excesos de integrantes de la fuerza pública, en el marco de protestas, reiteró que éstas son “individualizadas y sancionadas por las autoridades competentes” y dijo que sobre los responsables “debe caer todo el peso de la ley”.

Sin embargo, no se refirió a los plazos perentorios dados por la Corte para que la Policía suspenda el uso de las escopetas calibre 12 – la misma que acabó con la vida del joven Dilan Cruz en una manifestación en Bogotá –, hasta que se verifiquen las garantías para su reutilización “responsable y mesurada”; ni tampoco hizo consideración alguna acerca del plazo de 30 días otorgado al presidente Iván Duque para expedir un acto administrativo que ordene a todos los miembros del Ejecutivo mantener “la neutralidad”, incluida la no estigmatización de quienes protestan.

En otras palabras, sí hubo respuesta, pero no la que el país esperaba, luego del pronunciamiento de la Corte que en su fallo, en el que documenta casos entre 2005 y noviembre de 2019, relaciona una larga lista de problemas vinculados con la falta de garantías y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, como estereotipos contra quienes disienten de políticas del Gobierno, desatención de los Derechos Humanos, ausencia de vigilancia y control a la Fuerza Pública, falencias e incapacidad de las instituciones en el uso de las armas y elementos de uso equivocado de la fuerza para controlar las movilizaciones, entre muchas otras.

Esta resolución de la Corte llega en un momento de enorme agitación en el país, tras el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez en el interior de un CAI de Bogotá, en un caso de brutalidad policial en el que al menos dos uniformados están involucrados; y mientras, las autoridades investigan y documentan otros crímenes y abusos ocurridos durante las protestas posteriores a este hecho, que según el propio ministro Trujillo fueron instrumentalizadas por grupos vandálicos y criminales.

Sin perder de vista que la Corte es clara al señalar que la Constitución protege la protesta pacífica y no la intolerante y violenta, esa que hace apología al odio y a la hostilidad, patrocina la guerra o incita a la comisión de delitos, es fundamental que el Gobierno nacional asuma que el alto tribunal reconoce una alarmante sistematicidad en las agresiones a la protesta. Esta posición, sustentada en el fallo, confirma el reiterado clamor de distintos sectores de la sociedad que hablan de una crisis estructural en el manejo que le da la Policía, y muy especialmente el Esmad, al uso de la fuerza en las movilizaciones ciudadanas.

No se trata de casos aislados o ‘manzanas podridas´, como tantas veces se ha mencionado. El uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, dice la Corte, “representa una amenaza seria y actual” para los ciudadanos que quieran manifestarse pacíficamente, y el Gobierno nacional lo debe entender así ofreciendo garantías para ellos. Es una oportunidad para reconocer las fallas y empezar a trabajar, sin más dilaciones ni excusas, en soluciones de fondo, construyendo, como propone la Defensoría del Pueblo, mecanismos que hagan realidad los derechos y deberes de los ciudadanos.

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