En Colombia, país desigual e inequitativo por naturaleza, las mujeres libran a diario una titánica lucha, personal y colectiva, para exigir una igualdad total, real y efectiva. Esta reivindicación, tantas veces socavada por injustos –además de peligrosos– discursos machistas y hasta misóginos, que pretenden silenciar el atronador clamor feminista, no responde a una protesta pasajera ni se marchitará como flor de un día. La batalla por más derechos, pero sobre todo por más dignidad, es innegociable. 

En este Día Internacional de la Mujer continua vigente el desafío para erradicar todas las formas de discriminación en su contra. Tanto las de carácter político e institucional como las cotidianas que lastran sus opciones de acceder a un trabajo digno o a salarios justos que reconozcan sus capacidades y talentos. Pese a valiosas iniciativas para promover la equidad de género, el odioso techo de cristal permanece ahí omnipresente, presionando a las mujeres a esforzarse mucho más, incluso el doble que los hombres, para demostrar su valía. Intolerables formas de exclusión que agudizan la “feminización de la pobreza”, en especial entre las mujeres afro, indígenas, población migrante y de la comunidad Lgbtiq+.

En el insufrible listado de asignaturas pendientes para visibilizar hoy también aparece la erradicación de las históricas violencias de género. Uno de los peores problemas de nuestra sociedad. No solo por lo grave, sino por lo reiterativo. Pandemia frente a la que no cabe ninguna otra alternativa que insistir en una toma de conciencia del enorme daño que provoca. Todo lo que se ha hecho hasta ahora resulta insuficiente ante el alarmante aumento de las agresiones, abusos sexuales y feminicidios, aun en la primera infancia y la niñez. El incremento de los embarazos de menores de 14 años en 2021 puso al descubierto su absoluta indefensión frente a las violaciones de las que fueron víctimas en sus hogares. Nadie responde por ello. 

Este año, la conmemoración por la igualdad tiene un componente adicional, el político. El 40 % de las listas para las elecciones legislativas del 13 de marzo las integran mujeres. 1.112 buscan un escaño, lo que equivale a un aumento del 6 % en las candidaturas frente a 2018. Sin embargo, solo cinco de ellas son cabeza de lista y apenas tres asegurarán, mediante el sistema ‘cremallera’, curules paritarias. Se trata de un avance, pero aún bastante escaso en relación con la necesaria representación política femenina en el Congreso, donde son el 21 % en el Senado y el 18,7 % en la Cámara de Representantes. 

La tarea por la paridad política todavía se presenta descomunal. Sobre todo porque, aunque está probada la relevancia femenina en la política, la economía o en asuntos sociales, persisten absurdos imaginarios discriminatorios que generan desconfianza del electorado sobre sus proyecciones. Notable lo de Estamos Listas Colombia, un movimiento político de mujeres que aspira a llegar al Senado con una lista cerrada. Una apuesta ambiciosa y esperanzadora, como la que también hacen Ingrid Betancourt –hasta ahora única candidata presidencial– y las tres integrantes de las coaliciones: Francia Márquez, Arelis Uriana y Aydée Lizarazo, quienes se medirán en sus respectivas consultas interpartidistas.

Tan inexcusable es la violencia política como que las mujeres sigan siendo el relleno de las listas o las que se codean en las tarimas. 
Atlántico, con 46,77 %, luego de Tolima, destaca por ser el segundo territorio con más mujeres aspirando a la Cámara de Representantes. Precisamos de proyectos de ley cruciales, con rostro de mujer, para garantizar igualdad porque sin ella no hay futuro.

Es fundamental que se aumenten sus niveles de participación en los espacios de representación democrática, pero para lograrlo hay que superar obstáculos que limitan sus probabilidades. Entre ellos, la injusta distribución del trabajo de cuidado no remunerado o las acciones que vulneran sus vidas privadas, encasillándolas en inaceptables roles y estereotipos de género. Eso también es violencia. Se equivocan quienes insultan, agreden o desacreditan a las mujeres con la intención de humillarlas, intimidarlas y apartarlas del camino de la paridad de género.

Cada agravio alienta a seguir dando la pelea por la imprescindible transformación sociocultural, en la que ningún trato denigrante es aceptable ni puede ser normalizado.