En pocas semanas, tras adelantar los “trámites de validación de información técnica, financiera y jurídica” para concretar la valoración de la empresa, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debería dar respuesta a la solicitud del Distrito de Barranquilla para recuperar el 82,16% del paquete accionario de Triple A, en manos de esta entidad desde octubre de 2018 cuando fue embargado por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Una operación que reveló el entramado de corrupción orquestado entre dirigentes y funcionarios de Inassa –filial latinoamericana de la firma española Canal de Isabel II– y Triple A para saquear la empresa de servicios públicos mediante un “contrato de asistencia técnica mensual” que nunca se pagó, pero fue usado para desviar de manera fraudulenta cerca de $237 mil millones, entre 2000 y 2017.

El escandaloso detrimento patrimonial involucró al menos a 10 directivos, gerentes y exgerentes de Triple A e Inassa, investigados por delitos como concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares, quienes se habrían apoderado o desviado recursos destinados exclusivamente para la prestación de servicios públicos en Barranquilla y municipios del Atlántico. Una rapiña en toda regla que sigue generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales de los entes de control que pusieron al descubierto las sofisticadas maniobras financieras de los implicados para beneficiar a terceros y enriquecerse con el dinero de la empresa patrimonio de los barranquilleros.

Para recuperar el control de cerca del 100% de la considerada ‘joya de la corona’ de la ciudad, que en 2019 alcanzó una utilidad neta de $84 mil millones, el Distrito – que posee el 14,5% de las acciones– plantea una operación en la que “utilizará el mecanismo de venta anticipada, a partir del cual la enajenación se irá pagando con parte de las utilidades futuras”, vinculando a un operador especializado que pondrá la plata para la compra, recuperándola a través del mismo flujo de la empresa. La ciudad no tendrá que endeudarse, asegura el alcalde Jaime Pumarejo, quien le salió al paso a la preocupación del exmandatario Alex Char acerca de destinar recursos públicos para la compra de Triple A.

En un momento de crisis económica tan profunda por el coletazo de la pandemia de covid-19, comprometer dineros de los barranquilleros en una adquisición de esta magnitud sería inoportuno e inconveniente. Haciendo cuentas rápidas, o como coloquialmente se dice ‘a vuelo de pájaro’, el representante a la Cámara por el Atlántico César Lorduy estimó el valor de Triple A “entre 8 y 10 veces su ebitda”, un indicador financiero que alcanzó los $251.954 millones en 2019.

Sin embargo, la última palabra frente a la valoración de la empresa la tendrá la SAE, que de acuerdo con su gerente, Andrés Ávila, obrará “de manera correcta, transparente y objetiva” para concretar la cifra. No podría ser de otra manera. La transparencia debe marcar este proceso bajo el cual existe un acuerdo de confidencialidad, pero es importante que los barranquilleros sepan cómo avanzan los trámites y cuáles serán las garantías para que el Distrito no asuma ningún riesgo y se comprometa a un manejo impoluto de la entidad bajo un código de buen gobierno corporativo construido de manera conjunta entre los sectores público, privado y otros actores sociales, como anticipó Pumarejo, evitando que las redes de la corrupción, el clientelismo o el nepotismo amenacen la gestión del nuevo operador, cuyos términos de vinculación y gestión tendrá que definir el Distrito con gran acierto, porque de eso dependerá el futuro de Triple A y el retorno de las acciones a la ciudad. Es decir, a todos los ciudadanos que deben estar más vigilantes que nunca de lo que pasa con la empresa frente a la que hoy, no existe ninguna duda, es la ‘joya de Barranquilla’, una joya que debe ser liderada con idoneidad y honestidad.