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Editorial

El Editorial | Acabar con las guerras

Se requiere una contundente ofensiva de la fuerza pública y una permanente presencia del Estado con inversión social y acompañamiento institucional. Garantizar la seguridad de la Colombia profunda exige una mirada diferente.

Una nueva masacre conmociona a Colombia. Ocurrió en Seguengue, corregimiento de El Tambo, municipio del Cauca, una zona duramente golpeada por la violencia. Autoridades locales confirmaron que tres hombres jóvenes, que aparecieron con sus manos atadas a la espalda, fueron asesinados a tiros, según reportaron campesinos de la zona que se toparon con los cuerpos.

Hace apenas 15 días, hombres armados identificados como integrantes de las disidencias de las Farc se llevaron a seis personas de la zona rural de este municipio y las asesinaron también a tiros. Un hecho que aún no ha sido esclarecido por la Fiscalía, que indicó en su momento que en el departamento confluían “diferentes organizaciones criminales que tienen en el narcotráfico su principal fuente de financiación". Entre esos grupos están, además de las disidencias de las Farc, ‘Jaime Martínez’ y ‘Nueva Marquetalia’, el ELN, las bandas criminales y otras estructuras dedicadas a una larga lista de actividades ilícitas.

Con este triple homicidio, el Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, asegura que en lo corrido de año se han cometido 50 masacres con cerca de 200 víctimas en 17 de los 32 departamentos. Las zonas más afectadas son Antioquia, Nariño y Cauca, que acumulan más de la mitad de estos crímenes múltiples, un total de 27. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia también se refleja en el incremento de los asesinatos selectivos de líderes sociales, reclamantes de tierra y campesinos en Bolívar, Córdoba, Putumayo y Norte de Santander.

El exministro Camilo González Posso, presidente de Indepaz, considera que las masacres y los crímenes no son casos aislados, sino que existe una correlación entre ellos, un patrón, “una forma de control violento de territorios con una clara sistematicidad”. Dice el investigador que lo más preocupante es la falta de acción preventiva de los representantes del Estado para anticiparse a la violencia desatada por el “surgimiento de nuevas estructuras armadas ilegales comandadas por sus antiguos miembros en un escenario ambientado por la incapacidad del Gobierno para ocupar las zonas abandonadas por organizaciones en proceso de reincorporación a la vida civil”.

Frente a la actual escalada de la violencia, sectores políticos, sociales y académicos del país y organismos internacionales fustigan con fiereza al Gobierno nacional y especialmente a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a quien señalan de no liderar una robusta estrategia de seguridad, sobre todo en regiones donde el desarme de la mayoría de los combatientes de la guerrilla de las Farc dejó, desde 2016, amplios espacios que fueron copados por una maraña de grupos ilegales que hoy se disputan el control territorial y de los negocios ilícitos cueste lo que les cueste. Lo de menos es la vida de los civiles.

La Fundación Ideas para la Paz analiza cómo se ha venido reconfigurando el conflicto en el país y advierte sobre la fragmentación de los actores armados en múltiples organizaciones que manejan un discurso politizado y sin ideología, inestables y en constante redefinición con un mando volátil, con apenas influencia local, que evitan la confrontación abierta decantándose por las acciones de baja y mediana intensidad, mientras diversifican sus economías ilegales. Lo que no varía de una época a otra son los impactos humanitarios en constante degradación.

La dinámica del conflicto cambió por completo: atribuir la violencia a un solo actor o a un único negocio ilegal, como el narcotráfico, limita y no ofrece la respuesta integral que demanda este monstruo de mil cabezas que sigue ensañándose con las comunidades de las regiones más distantes y pobres de la nación.

Acabar con las distintas guerras que se libran en los territorios requiere, además de una contundente ofensiva de la fuerza pública, una permanente presencia del Estado con inversión social y acompañamiento institucional. Garantizar la seguridad de la Colombia profunda exige una mirada diferente en la que se tenga en cuenta el valioso aporte de sus habitantes, quienes han padecido desde siempre la ausencia de una vida en paz. Ni antes ni ahora hay fórmulas mágicas.

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