El momento ha llegado. Este martes, el expresidente Álvaro Uribe rendirá indagatoria ante la Corte Suprema por supuestos delitos de soborno y fraude procesal por manipulación de testigos, en un caso relacionado con la creación en los años 90 del Bloque Metro de las Autodefensas de Córdoba y Urabá.

La comparecencia tiene en máxima tensión al país, primordialmente por el enorme peso que tiene Uribe, con su indiscutible y arrollador liderazgo, en la vida nacional.

Los uribistas, con el partido Centro Democrático como fuerza nuclear, están convocando concentraciones de apoyo al expresidente, de cuya inocencia no dudan, en lo que algunos interpretan como una estrategia de presión contra los magistrados de la Corte. En el lado opuesto de la barrera, los detractores del hoy senador no entenderían otra decisión del alto tribunal que el procesamiento del hoy senador, a quien consideran de antemano culpable de los hechos que se indagan.

Nos encontramos en uno de esos momentos de la vida nacional que exigen, más que nunca, serenidad al conjunto de la ciudadanía. Sobre todo a aquellos que tienen capacidad para influir en la opinión pública, en un sentido u otro.

En estas horas que faltan para que el exmandatario acuda a su cita con la Corte es imperativo rebajar la tensión ambiental, en lugar de crisparla, como están haciendo algunos en uno u otro bando. Lo que impone el sentido de responsabilidad en esta complicada coyuntura es permitir a los togados que actúen con absoluta tranquilidad y acatar la decisión que tomen, aunque seguramente no sea del agrado de uno de los grupos en pugna.

Este caos se remonta a febrero de 2012, cuando Uribe denunció ante la Corte al senador Iván Cepeda de abuso de función pública y fraude procesal, por haber buscado testigos contra Uribe entre paramilitares presos, supuestamente a cambio de favores. Pero el caso dio un giro de 180 grados, y el alto tribunal acabó citando al expresidente al encontrar indicios de que la manipulación de testigos se habría estado realizando por personas de su entorno, en particular su abogado Cadena.

Al exmandatario le asiste, como a todos los ciudadanos, el derecho a la presunción de inocencia, por mucho que sus detractores ya lo hayan condenado en análisis mediáticos y en las charlas de café.

Caldear el ambiente con presiones de cualquier signo es impropio de una democracia y, teniendo en cuenta la actual polarización en que se debate el país, puede tener consecuencias nefastas para todos.

La cita de Uribe ante los magistrados, por lo demás, no es el final de un proceso. Cualquiera que sea la decisión del tribunal este martes, el expresidente tendrá la posibilidad de seguir ejerciendo su legítima defensa.

Así que calma. Eso es lo que se impone.

Nos hallamos en uno de esos momentos de la vida nacional que exigen, más que nunca, serenidad al conjunto de la ciudadanía. Sobre todo a aquellos con capacidad para influir en la opinión pública.