Editorial

Depurar Instrumentos Públicos

Reabrió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, tras una actualización de sus procesos para blindarlos frente a posibles irregularidades. Ya es hora de que, luego de reiteradas intervenciones, esta entidad supere su lastre de ineficiencia y falta de transparencia.

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla reabrió tras más de una semana de cierre de atención al público. Engorroso, sin duda, pero indispensable para que la Superintendencia de Notariado y Registro migrara los servicios al Sistema de Información Registral, garantizando “mayor seguridad a la información digitalizada, la trazabilidad y el monitoreo de los avances en las diligencias, desde el nivel central”. El nuevo proceso registral, de acuerdo con los primeros resultados, redujo en cerca de un 77 % la congestión en los trámites, bastante atrasados, no solo por la escasa diligencia de la entidad. También por la parálisis de sus actividades durante 15 días en enero, debido a problemas en el suministro de energía eléctrica, resueltos a las mil y quinientas.

La mala hora de Instrumentos Públicos de Barranquilla no es nueva. Tampoco lo es la búsqueda de soluciones para frenar “las actuaciones administrativas irregulares” que han originado sus intervenciones. En la de febrero de 2020, el desbordado número de quejas denunciaba irregularidades en procedimientos financieros y administrativos asociados con los boletines diarios de ingresos, desorden en los soportes financieros, incumplimiento en el manejo del libro de recaudos y falta de control en las partidas.

En la más reciente, en diciembre de 2021, los nuevos reclamos señalaban desde deficiencias en el reparto diario de documentos sometidos a registro hasta atrasos en la calificación de los actos, pasando por la indebida confrontación de matrículas inmobiliarias o problemas en los procesos jurídicos. Todo un rosario de falencias, anomalías o desórdenes –totalmente inadmisibles– que ha demostrado, en sus distintos momentos, que Instrumentos Públicos de la capital del Atlántico no opera con los mínimos estándares de eficiencia ni transparencia. Barranquilla no se merece semejante desastre.

Como si fuera poco, tanto en la sede de Barranquilla como en la de Soledad –también intervenida por la Superintendencia en junio de 2021, a causa de irregularidades bastante similares– los tramitadores hacen y deshacen, cobrando lo que les da la gana, por encima de las tarifas oficiales, para acelerar trámites o prestar servicios. ¿Operan con la anuencia de funcionarios o tienen montado su toldo aparte, a manera de casta intocable, beneficiándose del caos reinante en la entidad? Asignatura pendiente para los investigadores de la superintendente Goethny Fernanda García, decidida a depurar las cuestionadas entidades a partir de los datos obtenidos en las intervenciones. Misión difícil, pero no imposible.

Indiscutiblemente, los hechos más demoledores giran en torno al impago de derechos de registro, la actualización y corrección de áreas de inmuebles sin el lleno de requisitos o la cancelación de medidas cautelares como embargos, con base en oficios falsos. Situaciones extremadamente delicadas que comprometen la actuación de funcionarios en trámites ilegales que vincularían a estructuras de estafadores inmobiliarios y despojadores profesionales de tierras en el Atlántico que delinquen, desde hace años, con total impunidad y a plena luz del día, al estar amparados por documentos oficiales.

Gravísimos casos que originaron la apertura de investigación disciplinaria contra 9 funcionarios, cuatro de ellos vinculados a la Superintendencia de Notariado y a Instrumentos Públicos. La Procuraduría General de la Nación, además, ejercerá control preferente en el caso de Rafael Pérez Herazo, en su calidad de registrador de Barranquilla, cuya suspensión acaba de ser ratificada, como reveló EL HERALDO. Es insólito, por decir lo menos, que existan procesos con hasta 10 años de antigüedad sin decisiones de fondo. Mientras, los denunciados siguen en sus cargos como si nada. No es posible que las investigaciones duerman el sueño de los justos, en tanto se libran interminables batallas legales, propiciadas por sus determinaciones, entre propietarios legales y reclamantes de supuestas herencias.

¿Quiénes están realmente detrás de las todopoderosas mafias que se roban las tierras en el Atlántico? Se debe llegar al fondo de esta crisis de corrupción, ilegalidad y tropelías que exige salidas inmediatas. Hay que pasar de los señalamientos de funcionarios –apenas uno de los eslabones del entramado– al de acusaciones formales contra sus cabezas. Se necesitan acciones contundentes, más que sospechas, para erradicar este cáncer de la ilicitud que ha hecho metástasis en la institucionalidad del Atlántico.  

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