A menos de un mes del inicio de la concentración de 400 combatientes del Clan del Golfo en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, la decisión del presidente Gustavo Petro de acelerar, en la recta final de su mandato, este diálogo sociojurídico obliga al país a formular preguntas incómodas, pero inevitables.

No porque Colombia deba renunciar a la búsqueda de la paz —que es un objetivo legítimo y necesario—, sino porque ningún proceso de sometimiento puede ni debe construirse al margen del Estado de derecho. En ese sentido, más allá de posibles beneficios jurídicos concedidos al Clan del Golfo, es imprescindible valorar el riesgo que enfrentan las víctimas y las comunidades bajo su dominación armada. En regiones abandonadas por el Estado, donde la pobreza, el miedo y la ausencia institucional son norma, el control de la estructura ilegal ha significado años de extorsión, desplazamiento, confinamiento y gobernanza criminal impuesta a sangre y fuego. Y son esos territorios —muchos de ellos habitados por pueblos afro e indígenas— los que podrían quedar expuestos a escenarios aún más inciertos.

La controversia sobre las zonas de ubicación y la suspensión de órdenes de captura para miembros del autodenominado Ejército Gaitanista evidencia, justamente, las variables críticas, vacíos e improvisaciones de la fallida paz total que, después de casi cuatro años, sobrevive sin exhibir resultados sólidos ni una arquitectura jurídica clara. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática al insistir en que, aunque el presidente Petro posee facultades constitucionales para adelantar procesos de diálogo y preservar el orden público, dichas atribuciones no son ilimitadas. Se trata de una discrecionalidad reglada. Es decir, sometida a la Constitución y a la ley. De lo contrario, la excepción podría derivar en arbitrariedades.

Ese punto es fundamental. La ley establece que las ZUT solo pueden implementarse en un “estado avanzado” del proceso de paz; esto es, cuando exista proximidad verificable hacia el desarme, la desmovilización y el tránsito efectivo a la civilidad. Pero en el caso del Clan del Golfo, ese horizonte todavía no se configura. Más bien lo contrario, la banda continúa expandiendo su accionar criminal en centenares de municipios, mantiene sus economías ilícitas activas, así como su gran capacidad armada. Resulta entonces legítimo cuestionar si ese espacio físico representa realmente un paso certero hacia su sometimiento a la justicia o si terminan convirtiéndose en concesiones prematuras para una organización ilegal, cuya voluntad de desmantelamiento continúa siendo difusa o ambigua, a pesar de sus anuncios.

Más preocupante aún es que este trámite se surta en el fragor de la campaña presidencial. Las advertencias de distintos sectores no deberían minimizarse. Generar expectativas entre los grupos armados ilegales en medio de una transición política-electoral entraña severos riesgos para la institucionalidad y el voto libre de los electores en territorios históricamente sometidos a la intimidación armada. Que el Clan del Golfo anticipe de forma pública que no interferirá en los comicios no elimina el temor sobre su capacidad real de presión territorial.

Por eso resulta acertada y necesaria la decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de negarse a suspender las órdenes de captura de 29 integrantes de esa estructura, incluida la de su máximo líder, alias Chiquito Malo. La justicia no debe quedar subordinada a decisiones políticas sin previsión ni a procesos cuya legitimidad jurídica todavía está siendo debatida. A todas estas, Estados Unidos, que designó al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, insiste en reclamar absoluta cooperación contra sus máximos líderes.

La paz exige audacia, también rigor, legalidad y responsabilidad histórica. Este gobierno no los ha tenido y ha fracasado en su estrategia. Por eso, es temerario que, a estas alturas, se lance a un proceso sin certidumbres, controles verificables y capacidad real para garantizar que las comunidades más golpeadas por la dominación social y armada de la organización no acaben expuestas a mayor vulnerabilidad, en medio del abandono estatal y de su miedo.

¿Cuáles son las líneas rojas de un proceso sin garantías sobre desarme, protección efectiva de los civiles y salvaguardas para las víctimas? Colombia espera respuestas, no evasivas, ni mucho menos pruebas in extremis para intentar sostener un modelo de paz fracasado que únicamente ha fortalecido la capacidad armada y coercitiva de los grupos armados ilegales.