Después de una intensa semana marcada por las amenazas contra candidatos presidenciales y los llamados de atención a garantizar su seguridad y sus desplazamientos, así como la posibilidad de hacer campaña libremente sin territorios vedados, un nuevo epiodio sacude la tranquilidad y pone a prueba la capacidad del Estado para asegurarles a los dirigentes políticos de todos los niveles del poder público cumplir sus labores en sus territorios.

Este domingo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sorprendió a la opinión pública al comunicar que había sido informado, por parte de la Policía Nacional, de un plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia.

En su mensaje, el mandatario hizo un llamado a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para actuar con contundencia frente a las amenazas y pidió las “garantías necesarias para seguir trabajando” por los barranquilleros.

De inmediato se reprodujo una ola de solidaridad con el alcalde Char y de expresiones de rechazo por estas acciones que se han venido intensificando y que están enrareciendo el ambiente político en Colombia, cuando apenas estamos a seis semanas de la primera vuelta presidencial.

Las voces de distintas orillas políticas, gremios y sectores coinciden en que es imperativo que el país pueda retomar la seguridad y la confianza para contar con un ejercicio democrático en el que candidatos presidenciales puedan llevar sus propuestas a todos los rincones del territorio nacional, que los electores puedan escucharlos y decidir su voto con absoluta libertad, y que los funcionarios elegidos por voto popular, alcaldes y gobernadores, puedan interactuar con sus gobernados y en terreno atender sus peticiones y escucharlos.

Y ahí precisamente es donde radica la gravedad de la denuncia del presunto plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, un mandatario cuyo estilo de gobierno, en sus tres administraciones, se ha caracterizado por recorrer a diario los barrios, de manera cercana con los ciudadanos y sin mayores prevenciones.

Por eso por ahora, mientras se profundiza en las investigaciones, el Gobierno ordenó reforzar su esquema de seguridad y se evalúan con detenimiento los riesgos, además de que se ofreció una millonaria recompensa por información para esclarecer este asunto, no menor si se tiene en cuenta que justo hace pocos días, en una visita a un sector del surocciente, el alcalde Char fustigó fuertemente la política de paz total, después de escuchar las quejas de la gente por la extorsión y la necesidad de permanecer atrincherados en sus casas bajo rejas, como si estuvieran en una cárcel, por temor a las bandas criminales que operan en estos barrios populares.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se desplazó este lunes a la capital del Atlántico, reiterando la instrucción de brindar todas las medidas de protección al alcalde e informó que las amenazas en su contra están proviniendo de las cárceles, puntualmente confirmó que la información salió de un preso de la prisión de El Barne, en Boyacá, que habló con un procurador.

Benedetti también señaló que se pudieron romper los protocolos en el manejo de la información, asegurando que un coronel puso en conocimiento al alcalde de forma directa antes que a sus superiores.

Lo cierto es que la batalla democrática, la que se libra en las urnas, la que permite elegir a los responsables de los destinos de ciudades, departamentos, y el próximo 31 de mayo, del país, debe ser defendida a capa y espada por el Estado.

Barranquilla, infortunadamente, ha registrado un desbordado crecimiento de la criminalidad, muy a pesar de las fuertes inversiones para dotar de herramientas tecnológicas, armamento y vehículos a las autoridades. La lucha sin cuartel contra quienes alteran la tranquilidad de la ciudad debe seguir sin descanso, bajo el liderazgo del mandatario distrital, quien, independientemente de su filiación política, tiene que contar con el respaldo institucional necesario, sobre todo del nivel central, para trabajar sin tregua en la inaplazable tarea de devolverles la seguridad ciudadana a los barranquilleros.