La violencia criminal que durante los últimos años se concentró en Barranquilla y su área metropolitana ha comenzado a desbordarse hacia municipios del Atlántico que, hasta hace poco, eran considerados un remanso de tranquilidad. Hoy, poblaciones del oriente, centro y sur del departamento —como Sabanagrande, Baranoa, Polonuevo, Sabanalarga o Repelón— registran una escalada de crímenes, atentados sicariales y amenazas extorsivas que confirman una estrategia delictiva en acelerada expansión. Comunidades que vivían al margen de las dinámicas más crudas de los actores del crimen organizado se encuentran hoy atemorizadas, además de expuestas o desprotegidas ante el avance de la delincuencia.

Las estructuras de Los Costeños y Los Pepes parecen haber trasladado su disputa territorial hacia esas zonas, en un movimiento calculado para diversificar sus rentas ilegales y ampliar su dominio geográfico. La intención es clara: controlar la venta de narcóticos y, sobre todo, imponer —a sangre y fuego— la extorsión a comerciantes y pequeños empresarios que, en contextos de menor presencia estatal, resultan más vulnerables. Este ‘derrame’ de violencia en el departamento responde a lógicas criminales que coinciden, de forma inquietante, con vacíos institucionales locales y marcadas falencias de las políticas criminal, de seguridad y penitenciaria del país. Por no hablar de las inciertas pretensiones de la llamada paz urbana.

Las escandalosas cifras, como constatamos a diario en EL HERALDO, hablan por sí solas. Algunos municipios duplicaron o triplicaron sus homicidios en el último año, una tendencia invariable en el 2026. De hecho, 20 de los 93 asesinatos registrados en marzo en Atlántico, es decir 21,5 %, fueron en territorios distintos a Barranquilla y su área metropolitana. Entre esos seis en Sabanalarga, tres en Repelón y tres en Baranoa. Es más, durante el primer trimestre se perpetraron 282 asesinatos en el departamento, 51 más que en el mismo lapso de 2025.

Sin garantías reales de seguridad y con un nivel de violencia estructural tan alto y constante, Atlántico —al cierre de este año— podría superar la barrera simbólica de los mil homicidios, ratificando la gravedad de su crisis de seguridad. ¿Por qué nadie está hablando de esto con la urgencia que demanda? ¿O es que quienes nos gobiernan no se dan cuenta de que las alertas existen, las cifras crecen y los hechos se repiten? Y si lo hicieran, lo cual no está claro, su reacción continúa siendo fragmentada y, casi siempre, tardía. Para la muestra un botón: la instalación de tecnología o los nuevos anuncios de operativos no sustituyen la necesidad de una presencia integral, sostenida y efectiva en los territorios acechados por la criminalidad.

Bajo este alarmante contexto, existe un elemento aún más perturbador. El asesinato de mujeres, víctimas de violencia extorsiva en los municipios, marca un punto de quiebre que no admite atenuantes. Los casos están ahí y son estremecedores no solo por su brutalidad, sino por lo que nos revelan. Dueñas o empleadas de misceláneas, costureras, vendedoras asesinadas en sus propios espacios de sustento, presuntamente por negarse a cumplir las coacciones de los delincuentes En otras palabras, convertidas en el blanco directo de una economía criminal que no distingue límites y usa una reprochable violencia ejemplarizante como mecanismo de dominación económica y social. Es innegable que las mujeres suelen ser víctimas recurrentes por su exposición en actividades comerciales informales y por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan. La extorsión adquiere así un rostro de género.

El rechazo expresado por organizaciones sociales y de mujeres del Atlántico no puede diluirse en la indiferencia ni quedar sin consecuencias. Su denuncia sobre el miedo, el silencio forzado y la desconfianza institucional muestra que violencias basadas en género se entrelazan con economías criminales, profundizando la fragilidad de quienes ya soportan situaciones adversas. La impunidad, en esa realidad, no solo perpetúa el delito, también legitima el control territorial de los violentos que se aprovechan del caos para consolidarse.

El fondo del asunto trasciende las de por sí alarmantes cifras de homicidios. Afrontamos el riesgo de que poblaciones enteras sean sometidas al imperio del terror o que trabajar, emprender o sobrevivir conlleve peligro letal. Si no se recuperan los territorios, la expansión criminal se ensañará aún más sobre la gente vulnerable. Permitir que los municipios queden a merced de los violentos es renunciar a su gobernabilidad y a la estabilidad de todo el departamento. Así que la seguridad no puede ser una prioridad reservada para Barranquilla y su área metropolitana, mientras las zonas rurales y semiurbanas, con débil capacidad de resistencia institucional y comunitaria, enfrentan solas el avance del miedo. Por la vida, la dignidad y la libertad de sus ciudadanos, el Atlántico no puede resignarse a ese sino trágico.