No es coincidencia, definitivamente no, que el arranque del 2026 haya estado marcado en materia judicial en el Atlántico por horrorosos hechos criminales que involucran menores de edad, sea como víctimas o como victimarios. El más execrable ha sido el homicidio de las hermanas Hernández Ortega, Sheridan Sofía de 14 años y Keyla Nicolle de 17, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en fosas en Malambo, una semana después de haber salido de su casa en Barranquilla, en La Sierrita, a una fiesta en el municipio vecino el martes de carnaval, con unos jóvenes, también menores de edad, que terminaron convirtiéndose en sus asesinos.

Alias Fabián, de 17 años, involucrado en el hecho criminal por supuestamente haber invitado a las jovencitas, escapó hacia Venezuela, donde fue perseguido por las autoridades de ese país y se enfrentó a tiros con los policías que lo ubicaron y terminó muerto.

Por este mismo caso está detenido un menor de edad, que sería quien habría disparado contra las menores, y otro joven de 19 años, alias Tata, que participó como cómplice en el crimen. Hasta donde ha trascendido, hay otros menores involucrados en el hecho que también están siendo buscados.

El pasado 19 de marzo, a las afueras de un billar en el norte de Barranquilla, tres hombres fueron atacados a tiros por individuos que llegaron en un taxi y que en la huida chocaron el vehículo contra uno similar y fueron rodeados por policías. Resultaron ser un joven de 18 años y dos menores de 14 y 17 años.

Este fin de semana, nuevamente con el municipio de Malambo como protagonista, se conoció otro truculento hecho. Un hombre, conocido con el alias de Angelito, fue capturado, después de un largo seguimiento que comenzó en marzo del año pasado, por amputarle tres dedos a un menor que se había negado a ser reclutado por una banda criminal, concretamente Los Costeños. Por este caso ya había sido capturada otra persona en agosto de 2025. El menor, para proteger su integridad, tuvo que ser desplazado de la población.

Solo estos tres casos para elaborar una radiografía a grandes rasgos de la preocupación, que no es nueva, por la instrumentalización de menores para el crimen. Ya lo había advertido la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 022 de 2023 para el área metropolitana de Barranquilla, que identificó el uso de niños a partir de los 9 años para empezar con labores de vigilancia, informantes, para luego pasar al microtráfico, transporte de sustancias ilícitas y armas, hasta llegar a hurtos, extorsión y ‘graduarlos’ como sicarios. Sin dejar de lado la explotación sexual.

En su edición dominical, EL HERALDO citó los registros entre 2021 y 2024 sobre las aprehensiones de menores y los diez delitos con mayor incidencia en el Distrito. Porte ilegal de arma de fuego, 717 menores aprehendidos en Barranquilla; hurto, 414; hurto calificado, 169; lesiones personales, 93; actos sexuales con menor de 14 años, 88; tráfico de estupefaciente , 81; acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 76; homicidio, 60; violencia intrafamiliar, 58; y extorsión, 43 aprehensiones.

Territorios como el Atlántico, en particular los barrios populares de Barranquilla y los municipios de su área metropolitana, son caldo de cultivo para que las bandas, especialmente Los Pepes y Los Costeños, que mantienen una guerra a muerte entre sí, y que dominan el accionar delincuencial en esta parte del país, se disputen también el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para sus propósitos criminales.

Las pocas oportunidades laborales y de acceso a la educación, la pobreza y la presión misma de los grupos que operan en estas zonas complican un panorama que requiere mucho más que intervenciones de la fuerza pública, para evitar que los menores sean ‘presas’ fáciles de la delincuencia organizada. Hace falta una intervención integral del Estado a todo nivel para poder arrancarles al crimen las vidas y el futuro de la juventud, para cambiarles las ofertas que reciben, según relató el padre Cyrillus Swinne, mediador en los diálogos entre Los Pepes y Los Costeños, de “50 mil pesos por repartir un panfleto, 200 mil por disparar contra una tienda, y millones por un homicidio, esa es la realidad que estamos enfrentando, y frente a eso, muchos jóvenes, que no tienen oportunidades, caen en estas trampas, por eso terminan siendo victimarios, pero también son víctimas”.