Nada cambiará. El aumento del 23,7 % del salario mínimo decretado por el Gobierno al cierre del año pasado se mantendrá tras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado. Así lo acordaron las partes, aunque los gremios que integran la comisión de concertación laboral reiteraron que el aumento desproporcionado seguirá presionando la inflación, empujará nuevas alzas en las tasas de interés y pondrá en riesgo la estabilidad de cerca de 700 mil empleos formales, por su impacto en las micro y pequeñas empresas forzadas a ajustarse a una realidad que las supera.

Era lo previsible. Lo contrario habría desajustado aún más la economía. Pero el episodio no puede despacharse como un mero asunto anecdótico. La decisión del tribunal es un llamado de atención que desnudó la tensión entre la urgencia de acelerar las transformaciones sociales demandadas por la ciudadanía y la obligación del Ejecutivo de sustentarlas dentro del marco constitucional y legal. El decreto, anclado en el concepto de ‘salario vital’, no fue objetado por su propósito social, sino por la fragilidad de su construcción técnica y jurídica.

El alto tribunal fue explícito. El incremento carecía de justificación económica verificable y omitía lo correspondiente a factores esenciales como inflación, productividad y crecimiento del PIB. Sí, un problema de forma. Pero no menor. Y en ese vacío técnico es donde se instaló la discusión. Cuando el método falla, incluso los fines más legítimos quedan jurídicamente expuestos. Y ese vacío era el que debía corregirse con prontitud.

Sin consenso tripartito ni concertación efectiva, el Ejecutivo optó por elaborar el cuestionado decreto desde la urgencia política más que desde la solidez argumentativa. La consecuencia fue un escenario de máxima incertidumbre que dejó en vilo a 2,5 millones de trabajadores, complicó aún más la planeación de costos de las empresas y convirtió un asunto de alto impacto social en un nuevo frente de batalla electoral en la cuenta regresiva de los comicios.

El impacto político fue inmediato. El Gobierno capitalizó la decisión como nueva munición discursiva para reforzar su narrativa de “bloqueo institucional” y convocar movilizaciones ciudadanas para medir el pulso de la calle. En medio de la incesante polarización política, la controversia agitó todavía más las aguas de una campaña ya crispada y el Ejecutivo, en vez de recibir la suspensión provisional como una convocatoria institucional para corregir las falencias señaladas, la tomó como una afrenta para expandir su relato de la lucha de clases.

El mandato del Consejo de Estado para que se expida un decreto transitorio, lo que sucederá en cuestión de horas, no debe leerse como una interferencia caprichosa a favor de las “élites”, sino como un llamado al poder político para que actúe con responsabilidad, acatando lo establecido en el marco del Estado de derecho. En consecuencia, en un debate de naturaleza económica y jurídica, no política, lo prioritario era atender con precisión técnica, respeto por los procedimientos y diálogo constructivo, lo solicitado por el tribunal.

En definitiva, el salario mínimo, ahora vital, no se desmonta. Nunca se pidió eso. Lo que se exigía era sustento, rigor del Ejecutivo para justificar el alza. La diferencia entre gobernar con fundamento institucional y hacerlo agitando la bandera del populismo económico es evidente. El mínimo no puede ser rehén de la coyuntura electoral. Defender el ingreso de los trabajadores es legítimo; instrumentalizarlo con fines electoreros, ciertamente no lo es.

Petro, sin embargo, ya convirtió el tema en otra consigna de movilización, en clave de lucha por la distribución de la riqueza, reduciendo un debate complejo a la dicotomía simplista de pueblo contra Justicia. Si el Ejecutivo tiene, como afirma, razones técnicas de sobra, el camino lógico no son las calles, sino los argumentos para sustentarlas. Gobernar exige más que convocar; exige convencer y actuar con rigor, no con puras arengas. Que quede claro.