Demoledora, histórica e inédita, pero sobre todo correcta. La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, adoptada por amplia mayoría, de 6 votos contra 2, que suspendió de forma provisional el Decreto 1390 de 2025, no deja espacio para dudas: la norma que declaró el estado de emergencia económica y social, expedida por el Gobierno Petro en diciembre, fue “manifiestamente inconstitucional”. Es incontestable que los magistrados acogieron la tesis esgrimida por juristas, economistas y académicos de que no existía un hecho sobreviniente, imprevisible y extraordinario que justificara acudir a un estado de excepción.

En efecto, la nación no estaba ante evento catastrófico o situación imprevisible que alterara súbitamente su orden económico y obligara a saltarse un trámite que debe surtirse en el Congreso. Lo que hubo fue un revés político por el hundimiento de la reforma tributaria en el Legislativo, que profundizará la actual crisis fiscal, advertida con insistencia de tiempo atrás. Bajo la figura excepcional de la emergencia, el Ejecutivo impuso una avalancha de impuestos que no logró aprobar por la vía democrática habitual u ordinaria, con la meta de recaudar más de $11 billones para tapar el hueco de su desfinanciado presupuesto de 2026.

Gobernar en democracia implica persuadir, negociar y construir mayorías, no sustituir al Congreso cuando las cuentas no dan. Una lección que el Ejecutivo, tan habituado a exhibir su pulsión autoritaria o antidemocrática, se ha negado a entender. Pues con su decisión de congelar los decretos de la emergencia, el alto tribunal le dejó claro que la Constitución no permite convertir la urgencia fiscal en patente de corso para brincarse los límites del poder.

Esta determinación, por cierto, marca un hito sin precedentes en la historia institucional del país. Por primera vez, la Corte Constitucional, la guardiana de la carta magna, activa de manera efectiva una figura jurisprudencial para congelar, antes de su sentencia de fondo, los efectos de un estado de excepción bajo el argumento de evitar daños irreparables. Hace lo correcto. Desde que entró en vigor, la emergencia ha recaudado $814 mil millones que no se les devolverán a los contribuyentes, incluso si el fallo definitivo refrenda la suspensión.

Es el nuevo capítulo de la llamada ‘justicia en tiempo real’, amparado en la revisión que la propia Corte hizo de sus facultades en 2023 para poder dictar medidas en ese sentido. En consecuencia, los aumentos de IVA y al consumo de licores y cigarrillos, los gravámenes a juegos en línea, el impuesto al patrimonio, la sobretasa financiera, los tributos a bienes de lujo y a envíos desde el exterior, entre otras normas tributarias, quedan por ahora en pausa.

El efecto fiscal es innegable para el Gobierno, al que se le agotan las fuentes de recaudo ordinario. Lo lógico sería que recortaran gasto para asegurar la viabilidad del presupuesto, sin afectar el funcionamiento del país. Pero, insólitamente, en los días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa para todas las entidades públicas, el festín de nombramientos no ha dado tregua. ¿Austeridad en año electoral? ¡No nos crean tan pendejos! Siempre habrá una razón de ‘peso’ para cohonestar este derroche.

En este momento de alta tensión política, Petro y sus ministros apelan al relato victimista para intoxicar la discusión y responsabilizar a los otros de sus propios fracasos. Gritan a voz en cuello que la suspensión favorece a “los megarricos”, no sin antes machacar su manida tesis del bloqueo institucional’ de la Justicia y el Legislativo. ¿Será acaso que los ciudadanos de a pie, a quienes les salía más caro tomarse un trago, son hoy nuevos ricos por el mínimo?

Ese relato, rentable en clave electoral, traslada el debate del terreno constitucional al de la polarización para convertir un riguroso control judicial sobre el poder excepcional en burda munición política para deslegitimar al juez, uno de los principales bastiones del sistema de pesos y contrapesos del Estado de derecho, y erosionar la confianza en sus reglas de juego.

Politizar las determinaciones de la justicia es intolerable. También lo es escalar amenazas. El viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, anticipa que cinco millones de habitantes de la región Caribe se quedarían sin energía por falta de medidas de alivio financiero para Air-e, luego de la suspensión del recaudo de los nuevos impuestos a las generadoras de energía. Cinismo en estado puro. Omite decir que la empresa fue intervenida por la Superservicios desde septiembre de 2024 y que al Gobierno le quedó grande encontrarle una salida a su crisis financiera y operativa, a tal punto de que acaba de prescindir de su cuarto interventor.

Ahora que se da como un hecho que la Corte tumbará definitivamente la emergencia, el Gobierno anuncia más impuestos y más tributarias vía Congreso, con mal pronóstico, a decir verdad. El monumental desbalance fiscal le exigirá al país decisiones realmente difíciles. Sin embargo, ni un déficit tan apremiante puede justificar la elasticidad constitucional de un gobierno incapaz de asumir la mínima responsabilidad de su distorsionada visión de poder.