La decisión del Gobierno de Ecuador de imponer aranceles del 30 % a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero, bajo el argumento de una supuesta falta de cooperación en seguridad, ha abierto una peligrosa e incierta escalada de represalias que atenta contra una relación estratégica construida a lo largo de décadas de entendimiento y respeto mutuo

La respuesta de Colombia, de establecer un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos procedentes de Ecuador —que aún no se conocen en detalle— y de suspender la exportación de energía eléctrica, y la posterior reacción de Quito, que anunció ajustes en la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), configuran un escenario desafiante en el que la diplomacia parece haber cedido terreno a las crecientes bravuconadas del impulso político y a la lógica del severo castigo económico.

Los impactos de esta confrontación no son menores. Ecuador es un socio comercial clave para Colombia: sexto destino de sus exportaciones totales y el segundo para las no minero-energéticas. Al mismo tiempo, nuestra nación ha sido un proveedor fundamental de energía para el vecino país en momentos críticos, cuando la sequía lo dejó a oscuras, con apagones de 14 horas, efecto de una fuerte crisis energética que aún no ha superado completamente.

Alterar este equilibrio con disposiciones unilaterales introduce incertidumbre en cadenas productivas, afecta a miles de empresas y trabajadores y golpea a los territorios fronterizos de Nariño y Putumayo, del lado colombiano, y de las provincias ecuatorianas de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, que ya padecen los efectos de la violencia y el abandono estatal.

Es lamentable que se utilicen mecanismos de presión comerciales y energéticos para dirimir desacuerdos en seguridad. La lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, graves problemas transnacionales, exige cooperación sostenida, confianza mutua e instrumentos binacionales robustos, no decisiones que tensan la integración andina y contradicen las normas aplicadas por consenso. Colombia ha expuesto cifras de incautaciones importantes y operaciones conjuntas que desmienten la idea de una inacción deliberada. Ecuador, por su parte, enfrenta una presión interna legítima por el avance del crimen organizado en su frontera norte. Pero ninguna de esas realidades justifica una guerra comercial o de tarifas que terminará castigando de manera implacable a los ciudadanos de dos países hermanos.

Sí, Colombia y Ecuador son un mismo pueblo. Es mucho más lo que compartimos, historia, cultura o valores, que las diferencias que puedan separarnos. Nuestra estrecha relación ha resistido otras crisis, como la desatada luego de la operación militar ‘Fénix’ contra ‘Raúl Reyes’ en Sucumbíos, territorio del vecino país, en el 2008 durante los mandatos de Álvaro Uribe y Rafael Correa. Difícil hallar un resentimiento más enconado que aquel, pero al final el conflicto diplomático se superó, gracias al horizonte común y gran amistad que nos une.

De modo que cabría imaginar que esto también quedará atrás, más temprano que tarde, e incluso contra todo pronóstico por la inobjetable influencia de Trump sobre Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano. Este parece hacer méritos para graduarse como el más avezado alumno del mandatario de Estados Unidos, reconocido por haber patentado en su primer año de Gobierno la estrategia del chantaje arancelario como la nueva norma de su política exterior, una fórmula que está transformando la economía global. En tal sentido, la posición de Ecuador es desafortunada.

Al margen de que responda a razones de seguridad fronteriza, a presiones políticas externas o a una retaliación por la defensa que hace Petro del encarcelado ex vicepresidente Jorge Glass, la ofensiva de Quito no orienta solución alguna. La sensatez exige desescalar, volver a dialogar y recordar que la cooperación, no el arancel ni la amenaza, es el único camino sostenible para enfrentar los retos de seguridad común en una frontera de 586 kilómetros.

El llamado de la Cancillería colombiana, de autoridades, gremios y comunidades de los dos países, bajo el actual contexto, no solo es coherente sino apremiante. Se hace imprescindible detener la entrada en vigencia de las medidas anunciadas y abrir de inmediato un canal de diálogo franco, técnico y político, que privilegie la diplomacia. Persistir en retaliaciones recíprocas sienta un precedente perverso que alimentará el contrabando y debilitará la integración en un momento en que el entorno internacional ya es lo suficientemente volátil.