Si la cuesta de enero le está resultando más empinada que en los años anteriores, lamento informarle que todos los análisis técnicos coinciden en que se prolongará más de la cuenta. Es indudable que la perspectiva financiera, tanto de hogares como de empresas, luego de echar números durante las primeras semanas, confirma que el desmedido aumento del salario mínimo de 23,7 % reconfigurará de forma abrupta el panorama macroeconómico del país. Desde inflación hasta desempleo, pasando por las tasas de interés del Banrepública.

Lo evidente hasta ahora, cuando ya se convocan movilizaciones en la calle en defensa del salario vital, es que el alza no solo se concibió como una decisión económica de impacto social. Claramente, se trató de un acto político que resume el estilo de gobierno de Petro. Una determinación tomada en contravía de los consensos técnicos, blindada con un relato ideológico de lucha de clases y defendida desde una verdad paralela o alterna que desconoce o desprecia los impactos previsibles que tendrá sobre la estabilidad institucional.

Más allá de la narrativa oficial, liderada por el mismo jefe de Estado, quien insiste en que el alza no empuja precios, en tanto achaca las alertas a mentiras de los medios y expone sus propias teorías sobre costos de producción, el asunto de fondo es estructural. Casi el 60 % de la canasta del IPC, bienes y servicios, como alimentos, arriendos, transporte, salud o recreación, está indexada directa o indirectamente al salario mínimo y a la inflación pasada.

Y como en la economía los números son obstinados. O lo que es lo mismo: dato mata relato, no es posible ignorar la verdad. Análisis de expertos economistas convergen en un mismo punto: el incremento acelerará las presiones inflacionarias. Tanto es así que el Ejecutivo procura mitigar sus efectos sobre la marcha —con desindexaciones parciales y anuncios improvisados— que solo añaden más incertidumbre a un escenario tan real como complejo, que no se desmontará con arengas populistas en la tele ni con gráficos selectivos en Excel.

Con una inflación de 5,1 % al cierre de 2025 —cinco años seguidos por fuera del rango meta del Banco de la República—, el choque salarial opera como un amplificador de precios, en especial en sectores intensivos en mano de obra, como el de la vivienda, al que quieren someter ahora a un control de precios.

Más delicada es la dimensión política del tema. El Ejecutivo jamás admitirá que esto puede descontrolarse si la inflación, como se estima, puede escalar hasta el 6,5 % en 2026, sobre todo durante el primer semestre, y tener efectos que se extenderían hasta 2027. Hacerlo sería un gesto de dignidad y responsabilidad pública que no veremos, porque Petro ya optó por su usual camino de convertir cada crítica en una afrenta personal y cada debate técnico en una disputa doctrinaria con fines electorales para mantener movilizados a sus votantes.

En todo caso, la batalla legal para tumbar el salario vital ya arrancó. Por falta de obligatoria concertación tripartita e inmediatos riesgos sobre el empleo para mipymes y trabajadores informales, el decreto fue demandado y se pidió la suspensión temporal de sus efectos. Así que otra vez la Justicia tendrá que determinar si el Ejecutivo, como alegan los litigantes, “vulneró el derecho fundamental al debido proceso”. Ahora bien, el del salario mínimo no es la única controversia que las decisiones unilaterales y arbitrarias del presidente desatan.

Los gobernadores se declararon en pie de lucha contra otro decreto, el de la emergencia económica, cuya adicional carga impositiva a licores y cigarrillos impacta, y de frente, las finanzas de los departamentos. Como acto central de su rebelión e invocando la excepción de inconstitucionalidad, dicen que no lo acatan, dándole al Gobierno una cucharada de su propia medicina. Lo cierto es que el cinismo de las medidas tributarias es digno de analizar.

Primero, cercena recursos de las entidades territoriales para salud, educación y deporte. Casi nada. Segundo, vulnera la autonomía de las regiones que el mismo Ejecutivo respaldó en el Congreso, vía reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) hace un año. Tercero, insiste en erosionar el Estado de derecho al usurpar las facultades del Legislativo que —por mayoría y en una decisión legítima— rechazó su ley de financiamiento con la que pretendía cubrir el desfinanciado presupuesto de 2026. Y cuarto, reconoce que el hecho sobreviniente para decretar la actual emergencia es que el Congreso le hundió la tributaria.

Esa es su lógica de poder: un Estado sin controles ni límites. Por consiguiente, el problema ya no se centra en cómo gobiernan, porque lo sabemos de sobra, sino en hasta dónde la ciudadanía está dispuesta a tolerar que se desvíe el orden institucional. Porque cuando el abuso se hace rutina o se normaliza que los límites constitucionales se desborden así sin más, la arbitrariedad —en aras de hacer supuestamente el bien general— lo arrasará todo.