Colombia arranca 2026 con un Gobierno atrapado en sus propias contradicciones. Gustavo Petro prometió en 2022 inaugurar una era sin trampas, mentiras ni maniobras electoreras, pero ha acabado reflejando lo que tanto aseguraba combatir en el Congreso o cuando era candidato a la Presidencia. Su promesa de transformar el país enfrenta hoy los costos de nocivas prácticas políticas, en las que sobresalen escándalos de corrupción de sus ministros y funcionarios presos o buscados por la justicia, sensación de caos generalizada y un listado de promesas incumplidas, todo en el colofón de una gestión dominada por el personalismo.

Sus devaneos frente a la convocatoria de una asamblea constituyente, que ha empezado a recorrer —pese a haber prometido lo contrario— y el desgaste de su autoridad moral abren legítimas dudas sobre la continuidad del proyecto político del progresismo, mientras el candidato del oficialismo procura cómo sucederlo bajo la sombra de un legado cuestionado.

Sin embargo, reducir la actual crisis de credibilidad de nuestra política a la Casa de Nariño sería simplificar el problema. El sistema en su conjunto, y de eso no cabe la menor duda, se mueve cada día más entre cálculos clientelistas, narcisismos partidistas y una displicencia evidente hacia la profundidad del momento histórico que interpela a todos los ciudadanos.

Las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo y junio encuentran al país en una encrucijada decisiva. La política está que arde sin ofrecer una expectativa sólida de futuro. Los comicios deberían asegurar una renovación creíble de la política —eso sería lo ideal—, pero el panorama nos muestra un Congreso a elegir entre más de 3.100 aspirantes, buena parte de ellos sin claridad programática. Eso por un lado y, por el otro, tenemos un número récord de comités presidenciales que atestigua la inflación del ego más que la firme convicción de liderar un Estado que demanda certezas, claridades, para encarrilar el rumbo.

A menos de cinco meses de la primera vuelta presidencial, la Registraduría revisa más de 28.5 millones de firmas, mientras precandidatos de centro-derecha y de izquierda avanzan en su proceso de depuración, vía consultas que se celebrarán en marzo, y en el que todavía no se distingue un proyecto nacional capaz de movilizar propósitos compartidos. En ese sentido, aparece de fondo una inquietud mayor: ¿qué visión común estamos dispuestos a abrazar en Colombia durante los próximos años? ¿Quién puede ofrecer respuestas claras a una ciudadanía agotada por la polarización extrema, la mentira y el deterioro institucional?

Ninguna sociedad sobrevive sin edificar un futuro a largo plazo y este 2026 exigirá algo más que adhesiones automáticas o alianzas desesperadas y de último minuto, sustentadas en el cinismo. La democracia no necesita salvadores, sino ciudadanos responsables que acudan a votar y candidatos dispuestos a asumir la verdad con valentía. Lo esencial está en juego: ¿qué país seremos luego de que hablemos en las urnas? Sin duda, este es el año de la verdad

Si las elecciones no renuevan la confianza y restituyen la honestidad como fundamento de lo público, Colombia habrá desperdiciado la oportunidad de abrir un nuevo ciclo histórico. Ahora tenemos claro que cuando el poder utiliza la retórica moral para justificar su deriva, el daño es profundo, porque la esperanza se vuelve sospecha, el mérito se desvanece y el porvenir pierde brillo. El deterioro institucional de estos años no se revertirá con consignas, sino con una ética capaz de desalojar imposturas y devolver el sentido a la palabra servicio.

El desafío es enorme, pero ineludible. Las instituciones, en particular Gobierno, entes de control y fuerzas armadas, no pueden permitir que el ruido o el miedo suplanten la voluntad libre de la ciudadanía. Urge garantizar la integridad del proceso electoral en medio de un ambiente enrarecido por desinformación y, sobre todo, la amenaza real de la gobernanza criminal que, según la Defensoría, condiciona la libertad del voto en más de 600 municipios.

2026 llega sin margen para la evasión. La actual campaña no debe erosionar las bases del pacto democrático. Quejarse ya no es una opción; votar es la clave. Las urnas medirán si la gente—y quienes aspiran a representarla— desea dejar atrás una política acomodada a la mentira útil y al cálculo con excusas. Colombia tendrá que decidir si quiere que le sigan administrando sus crisis o se trabaje por superar sus causas, sin atajos, falsedades o un moralismo selectivo que estigmatiza según convenga. ¡En esa disyuntiva, arranca el 2026!