Nicolás Maduro Moros es historia. En la madrugada del 3 de enero, el dictador de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante una operación relámpago de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, en la que se registraron ataques selectivos a gran escala contra objetivos estratégicos en Caracas. Bases militares, aeropuertos, baterías de defensa antiaérea y centros de comunicaciones del régimen fueron bombardeados de forma simultánea, mientras comandos élite los extraían para ser trasladados a Nueva York.

La comparación con la caída de Manuel Noriega en Panamá hace 36 años resulta inevitable. Finalmente, lo impensable, para muchos, sucedió. Siendo realistas, era cuestión de tiempo. Washington había enviado señales inequívocas al autócrata. Por un lado, lo había señalado de usurpar el poder en una nación, de la que asegura es un “narco-estado”, exportador de mafias, como el Tren de Aragua, y un santuario de criminales. Y por el otro, lo acusaba de liderar el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico transnacional, a la que designó como terrorista.

Por él ofrecía una recompensa de USD 50 millones que parece no se pagará.

Sentado en el banquillo de los acusados en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tendrá que responder por una nueva acusación que le imputa narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y artefactos explosivos, entre otros delitos, que le podrían enviar a prisión por el resto de su vida. Y no solo a él. Por primera vez, su esposa e hijo, ‘Nicolasito’, aparecen implicados como miembros activos de una conspiración criminal que envió droga a EE. UU., usando los recursos del Estado venezolano, en colaboración con grupos ilegales, como las Farc. El segundo del chavismo, Diosdado Cabello, también ha sido vinculado al escrito de acusación. ¿Se convertirá Maduro en un ventilador? Debería hacerlo.

No cabe duda de que Venezuela entró en una de las coyunturas más delicadas de su historia ante el más que probable colapso definitivo del régimen opresor, de inexistente legitimidad política, jurídica y moral, que la gobierna desde hace más de 25 años. Sin desconocer que la dictadura optó por cerrar todas las válvulas institucionales, al anular la alternancia de poder, vaciar de contenido democrático los procesos electorales y convertir al Estado en un aparato de brutal represión antes que de gobierno, se hace indispensable advertir que la intervención militar de una potencia extranjera en su suelo vulneró el derecho internacional.

Trump, el secretario Rubio y compañía lo saben. Por eso, entre líneas, alegan que no buscan una guerra prolongada; su relato sale en defensa de su cuidada operación como una acción puntual de carácter judicial para hacer efectiva la captura de dos fugitivos. Esto con el fin de evitar la notificación previa al Congreso y minimizar el ruido político interno. Su fórmula de tutelar a Venezuela y de fortalecer su industria petrolera debe mirarse con desconfianza.

La dictadura de Maduro hizo de Venezuela un país empobrecido, fragmentado y sometido a una diáspora masiva sin precedentes. Quienes celebran la caída del sátrapa, esperanzados en el regreso a casa, en el reencuentro con su familia y amigos, merecen hacer realidad ese sueño tan larga e injustamente aplazado. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la salida abrupta de un autócrata no asegura, por sí sola, el retorno de la democracia.

Sin instituciones sólidas, acuerdos mínimos y una hoja de ruta clara, el vacío de poder suele abrir la puerta a nuevas formas de inestabilidad. Trump anuncia que “gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura”. No dice con quién o cómo lo hará: ¿Será con la vicepresidenta Delcy Rodríguez? ¿Fue ella la ‘Garganta Profunda’ de la operación? ¿O reconsiderará su afrentosa consideración hacia la nobel de Paz María Corina Machado, de quien precisó que no cuenta con el apoyo ni el respeto del pueblo? ¡Trump siendo Trump!

Venezuela demanda una transición pacífica, democrática, verificable, con acompañamiento de la comunidad internacional, pero sin imposiciones externas, que devuelva la voz a su gente y reconstruya el Estado de derecho.

Cualquier argucia que ignore esa complejidad puede agravar el drama humanitario, político y socioeconómico que espera poder resolver. Machado y el presidente Edmundo González deben ser parte esencial de esta arquitectura.

Esta ruptura también es regional por el riesgoso escenario que se abre con la nueva era de la Doctrina Monroe. No es momento de celebrar salidas abruptas, de romantizar escenarios de fuerza, ni de seguir refugiándose en la retórica de la no intervención o la de los silencios diplomáticos. Venezuela es un foco de inestabilidad geopolítica insostenible. Su ciudadanía debe encauzar este quiebre hacia una transición ordenada, con garantías, que minimicen sus impactos más allá de las fronteras. Sobre todo, la de Colombia, donde el Gobierno Petro “proyecta” otra emergencia económica para atender los efectos de lo que estaría por venir.

Venezuela deberá restaurar su orden democrático en medio de tensiones internas, disputas de poder del chavismo y reacomodos militares. Se dio un paso fundamental, pero no puede ser el único: el resto de los áulicos de Maduro deben irse. Desescalar cualquier atisbo de violencia es clave. Lo ocurrido en el vecino país es un espejo en el que no podemos dejar de mirarnos: cuando se tolera la degradación de las instituciones, se relativizan los estándares democráticos y se normaliza el autoritarismo, los tiranos intentarán eternizarse en el poder.