La profunda crisis de suficiencia financiera de Air-e intervenida y de Afinia dejó de ser — y desde hace rato— un problema territorial para convertirse en el mayor riesgo sistémico del mercado eléctrico colombiano. No entenderlo de esa forma complica aún más la titánica búsqueda de soluciones. El nivel de descalce operativo y la incapacidad creciente de estas comercializadoras para recuperar costos eficientes comprometen, por un lado, la continuidad del servicio en la región Caribe y tensionan, por el otro, la sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Hasta la saciedad, la evidencia ha mostrado que el actual modelo no está en capacidad de responder a nuestras condiciones socioeconómicas.

Los indicadores de las empresas son incontrovertibles. Afinia, respaldada por el Grupo EPM, prevé un déficit de $1,5 billones en 2026, con brechas mensuales que superan los $100.000 millones. Air-e intervenida, con pérdidas cercanas al 30 %, recauda el 74 % de lo que factura y más del 50 % de sus usuarios está en mora. En ambas áreas de operación, más de 365.000 hogares se encuentran en una condición de subnormalidad eléctrica —el 92 % del total nacional— lo que revela un mercado altamente vulnerable, disperso y costoso de atender.

Pese a avances en calidad del servicio, asociados a disminución en la frecuencia y duración de interrupciones, inversiones por $3,2 billones en el caso de Afinia y reducciones tarifarias entre 22 % y 27 % de ambos operadores, la relación ingreso-costo continúa deteriorándose.

En consecuencia, el problema ya no es operativo, sino estructural. En otros términos, de un modelo que es incapaz de garantizar servicio digno para millones de usuarios. La fórmula tarifaria, diseñada para contextos promedio —los del resto del país—, no internaliza las particularidades socioeconómicas del Caribe. Esta región enfrenta una alta informalidad económica, pobreza monetaria, multidimensional y energética, una expansión urbana sin planificación y patrones históricos de no pago, derivados de todo lo anterior, lo cual origina un entorno de elevadas pérdidas que excede lo previsto por el actual marco regulatorio.

Ningún operador, por más eficiente que sea, podrá absorber indefinidamente semejantes externalidades sin un esquema compensatorio. Y la respuesta del Estado no puede limitarse a medidas coyunturales ni a ajustes parciales en la regulación, como hasta ahora. La región Caribe requiere, con sentido de urgencia, una política pública diferencial que reconozca explícitamente el mayor costo de servir a una población con vulnerabilidad socioeconómica y la más elevada subnormalidad del país. Son condicionantes primarios de esta crisis sin fin.

Por ende, se hace impostergable abrir la discusión sobre un mecanismo permanente de compensación, que sea financiado con recursos de la nación para estabilizar los ingresos de los operadores, mientras se corrigen rezagos de infraestructura y se formaliza la demanda. Eso para empezar. Al tiempo es posible evaluar cómo incorporar las nuevas tecnologías de la transición energética o figuras de esquemas concesionados o de mercados segmentados.

La región Caribe debe estar en el centro de la discusión nacional porque la energía eléctrica, para sus millones de habitantes, no es un lujo. Más bien, como en el resto del país, es un derecho habilitante que supedita la educación, la salud, la competitividad y la calidad de vida de la gente. La crisis de Air-e intervenida y Afinia no solo afecta hogares, compromete oportunidades de desarrollo, de inversiones productivas y la confianza en las instituciones.

En ese sentido, se deben fortalecer los procesos de intervención comunitaria, mejorar la gobernanza local y asegurar que las inversiones se traduzcan en apropiación del servicio. La sostenibilidad del esquema dependerá tanto de esfuerzos técnicos y mayor eficiencia, como de dinámica social y corresponsabilidad ciudadana. Robar o defraudar energía es un delito.

Superado el debate de las tarifas luego su estabilización, corresponde centrarse ahora en la inviabilidad financiera de Air-e y Afinia. Dejemos también de hablar de gestión deficiente para trabajar entre los distintos dolientes en un diseño institucional que se adapte a las realidades del Caribe. La energía, como servicio esencial, requiere enfoque territorial y, ante todo, un compromiso nacional que garantice un futuro energético confiable, asequible y sostenible. Es simple: ignorar por más tiempo la magnitud de un problema que afecta a casi el 30 % del mercado nacional a la larga aumentará el costo para la totalidad de los usuarios del país. Candidatos presidenciales, ténganlo en cuenta: alguno de ustedes heredará el reto.