El preocupante retroceso del Atlántico en el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE) confirma las alertas lanzadas, por activa y por pasiva, desde hace más de dos años sobre el deterioro de la calidad del servicio de energía eléctrica en el departamento: una inocultable realidad que lastra la aspiración de progreso socioeconómico de los municipios.

En cuestión de 12 meses, entre 2023 y 2024, 162.400 atlanticenses ingresaron a esta condición disparando la incidencia del 9,3 % al 14,8 %, la más pronunciada a nivel nacional.

En un abrir y cerrar de ojos, el departamento descendió cuatro posiciones y ahora ocupa el puesto 13 entre 33 territorios evaluados. Sin duda, estamos ante una desmejora impulsada por un factor tan básico como revelador, pero sobre todo predecible: la pésima calidad del servicio que amenaza la competitividad, la productividad y la cohesión social del Atlántico.

El informe elaborado por Promigas, con los datos recopilados por la Superintendencia de Servicios Públicos, habla de un salto, del 11,3 % al 41,3 %, en la privación de la calidad de la energía en el departamento. En particular en Malambo, Soledad, Ponedera y Manatí, donde aumentó de forma considerable la frecuencia y la duración de los cortes de energía. ¿A qué se refieren, puntualmente? A interrupciones cada vez más prolongadas e insufribles, a decir verdad, que afectan el día a día de hogares, colegios, centros de salud y pequeños negocios.

Más allá de la absoluta incomodidad de quedarse sin luz, lo cual bajo ninguna circunstancia debe ser aceptado porque no es lo normal —que nadie nos haga creer lo contrario—, esta inadmisible situación se traduce en más costos para familias que ya viven al límite de sus posibilidades. En tanto suma dificultades a estudiantes que se quedan sin conectividad y a comercios que deben paralizar sus actividades por la falta de refrigeración o enfriamiento.

Entendamos bien la dimensión del descalabro que señala a un responsable directo: la hoy intervenida Air-e, que debido a su falta de liquidez e insolvencia no ejecuta inversiones esenciales en redes eléctricas y mantenimiento, lo cual acumula rezagos en la calidad de la prestación del servicio, genera desconfianza en los usuarios, incentiva los fraudes: tormenta perfecta que deriva en que dejen de pagar. No se está descubriendo el agua tibia, pero sí comprobando cómo las irresolubles crisis de Air-e impactan a la ciudadanía más vulnerable.

En un recorrido por los municipios con mayor deterioro, EL HERALDO estableció que buena parte de los afectados son moradores de barrios subnormales, con conexiones ilegales que sobrecargan las redes, en mora de ser beneficiados con el programa de normalización eléctrica. También están los comerciantes que, en su desesperación para hacerle el quite a los cortes y minimizar la pérdida de ingresos, compran una planta eléctrica diésel. Otro retroceso, este ambiental, al ser una fuente generadora de energía bastante contaminante.

Desafortunadamente por su limitada capacidad de gestión, fruto de su precaria situación financiera, Air-e no es capaz de solventar ni revertir las problemáticas asociadas al acceso y calidad de la energía. De hecho, si esta última se hubiera mantenido en los niveles de los años previos a su crisis, el índice departamental sería de 8,5 % y no del 14,8 %, como está ahora. Lo más lamentable es que la regresión anuló los avances que se habían alcanzado, lo que devolvió al Atlántico a niveles de privación similares a los del resto de la región Caribe.

Sin un servicio confiable que entregue energía de manera continua e ininterrumpida, el departamento profundizará sus brechas, incluso entre sus propios territorios y perderá su senda de progreso. Respecto al resto del país, el contraste es revelador. Mientras este —así sea lentamente— reduce pobreza energética, del 16,1 % al 15,4 %, con 300 mil personas saliendo de esa condición y avances notables en Bogotá, Santander y dos departamentos del Caribe operados por Afinia: Bolívar y Cesar; el Atlántico va para atrás como el cangrejo.

En consecuencia, nadie se puede quedar de brazos cruzados. El gobernador Eduardo Verano tiene que liderar esta conversación; el sector energético, orientarla, y la empresa Air-e, con franqueza, señalar cuál es su capacidad real para recuperar y ampliar la calidad del servicio, cuál es su compromiso en este sentido y el del Gobierno nacional, que la tiene intervenida.

El desarrollo colectivo se logra con dignidad energética, que no puede ser un privilegio, sino un derecho. Pero este no cae del cielo, es fundamental reducir con estrategias territoriales diferenciadas disparidades extremas, como que en Barranquilla la pobreza energética sea de 3,1 % y en Campo de la Cruz, de 83,3 %. No estamos para esperar milagros ni la llegada de un nuevo gobierno que enderece el rumbo. El reto es monumental, pero inaplazable. Urge impedir que miles de atlanticenses retrocedan aún más en bienestar y oportunidades.