El antiguo Puente Pumarejo, otrora símbolo de progreso y testigo —sin duda— del desarrollo de Barranquilla, es hoy una metáfora de ineficiencia estatal, descoordinación institucional y ausencia de visión en la gestión pública. En un costoso contrasentido, la estructura, cada vez más corroída por el tiempo, el desuso y los constantes robos, sigue en pie, no como un patrimonio de la memoria, sino como un obstáculo irresoluble hasta ahora.

Este impide, por un lado, que grandes embarcaciones naveguen libremente por el canal de acceso: propósito final de los casi $800 mil millones invertidos por el Estado en el nuevo y monumental puente. Y, por el otro, limita la expansión de la actividad logística y portuaria y frena el provecho de una de las obras más importantes del Caribe, inaugurada en el 2019.

Situación que confirma cómo la falta de planeación puede dejar sin efecto los beneficios de inversiones públicas relevantes. Para más señas, mientras el nuevo Pumarejo se alza como una proeza de la ingeniería, su antecesor se deteriora a su lado, amenazando a quienes aún lo cruzan o residen bajo su sombra. Como lo comprobó EL HERALDO, ranuras, huecos, barandas desprendidas y fragmentos sueltos retratan la vergonzosa desidia estatal que pone en serio peligro a transeúntes, pescadores y familias ribereñas de ambos lados del río.

Ante el grave riesgo estructural al que se exponen y en respuesta a una acción popular presentada por el personero distrital, Miguel Ángel Álzate, el Tribunal Administrativo del Atlántico determinó ordenar su cierre. Hace bien. La medida, acertada como prevención, exige el sellamiento del paso en un plazo máximo de 45 días, con barricadas y señalización. Sin embargo, la orden judicial apenas contiene la amenaza inmediata, porque el fondo del problema —la demolición definitiva de la vetusta estructura— aún continúa sin resolverse.

En ese sentido, la Contraloría General asegura que la antigua plataforma, literalmente, sabotea la utilidad de la nueva. No le falta razón. Inclusive, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, quien se apersonó del tema, insiste en que sin el esperado desmonte se afecta el uso del actual puente porque no se cumple el objetivo para el que fue construido con fondos públicos, lo cual constituiría un detrimento al erario público. ¡Más claro no canta un gallo!

Notifica ahora la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, que la deconstrucción se ejecutaría por fases entre 2026 y 2031, con una inversión estimada de $146 mil millones. Sin embargo, la Contraloría señala que los recursos “todavía no están disponibles”. En otras palabras, el proyecto no cuenta con respaldo presupuestal claro. Ni el ministerio, ni Invías, ni la ANI, ni Cormagdalena han precisado fuentes de financiación ni fechas de contratación.

Como es el deber ser, el ente de control fiscal demanda total transparencia, además de un plan verificable, con cronograma, responsables y garantías sobre el origen de los recursos para el desmonte. En EL HERALDO nos sumamos al llamado. Sin marco definido, la demora aumenta riesgos de seguridad para la ciudadanía, amplifica el costo fiscal y la pérdida de credibilidad institucional para un Estado que se ha revelado incapaz de concluir sus tareas.

De manera que este asunto no necesita más mesas técnicas ni diagnósticos trasnochados. Ya existe un proyecto de demolición con estudios y diseños en fase 3, hecho en el 2022. Lo que se requiere son decisiones de fondo, presupuesto y ejecución para que deje de ser un lastre que atenta contra la eficiencia de la inversión pública y nuestra competitividad fluvial.

El del viejo Pumarejo tendría que ser un caso de estudio en las facultades de ingeniería en Colombia como una muestra de lo que no se debe hacer. Ninguna obra nueva será funcional si el Estado no honra sus compromisos. Cumplir con lo básico, como lo es retirar un puente obsoleto que bloquea otro moderno por el que todos pagamos— no debería requerir años de espera. Se equivocan quienes piensan que es un problema de Barranquilla o del Caribe.

Es más que eso. Habla de la actitud negligente e irresponsable de un Estado que por falta de coherencia en sus obligaciones no garantiza futuro ni desarrollo. El país no puede darse el lujo de tener por más tiempo un puente inservible que por su reducida altura desvaloriza una inversión millonaria. Deconstruir o demoler el viejo Pumarejo es mucho más que una obra pendiente, es saldar una deuda con el progreso de una región que hoy exige certezas.