Ya está en etapa de socialización con departamentos, municipios y comunidades indígenas el borrador del proyecto de ley de competencias, que debe aterrizar la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, aprobada en diciembre por el Congreso. Este recurrente clamor de los territorios aumentará las transferencias de la Nación a las regiones de cerca de un 20 % a casi 40 %.

Las expectativas son monumentales. Al fin y al cabo se trata de la reforma al aparato estatal más trascendente, quizás, desde la Constitución de 1991. Un avance posible gracias al trabajo orientado por los constituyentes caribes. Más de tres décadas después, la realidad ratifica la necesidad de que se alcance una verdadera autonomía regional para cerrar las brechas sociales, económicas y administrativas en el país, en tanto se disminuye el injusto e ineficaz sistema centralista colombiano.

El documento, construido por Planeación Nacional, define las competencias de las regiones para que a medida en que reciban más recursos sean capaces de gestionarlos de forma descentralizada.

En uno de sus apartes se lee que los recursos del SGP se entregarán de forma diferenciada para que los municipios reciban una participación de propósito general, con autonomía de destinación, para funciones y proyectos descentralizados y prioritarios. Y en el caso de los departamentos, podrán acceder a una participación de desarrollo económico para financiar proyectos de carácter regional.

Ese ha sido un reclamo por décadas en el Caribe. En tal sentido, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha insistido en el “insuficiente” diseño del SGP, debido a que lo que nos transfieren tiene destinación específica. Si cambia a libre destinación, los territorios pueden hacer sus propios planes.

No obstante, distintas voces críticas han encendido la alarma de la viabilidad fiscal basada en el relato de que la reforma al SGP implicará más gasto y no una redistribución de recursos. O que el Gobierno seguirá teniendo las mismas responsabilidades y andamiaje administrativo, mientras que a las regiones solo se les transferirán mayores recursos. En consecuencia, la futura ley de competencias deberá delinear con proyecciones claras la reorganización requerida de los aparatos centrales y territoriales para no comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

Con acierto, la Contraloría entró de lleno en el tema. Por un lado, indicó que el éxito de la reforma al SGP radicará en que la ley de competencias determine con claridad qué funciones dejará de ejecutar el Gobierno y cuáles asumirán departamentos, distritos y municipios. Y, por otro, desmontó la retórica de la dificultad fiscal, precisando que no es cierto que aumentará el gasto total, sino que será un traslado de recursos del nivel central a territorios, según las competencias descentralizadas. Otro asunto que se mira con optimismo en el borrador, para cerrar brechas entre los municipios grandes y pequeños, es que establece una nueva categorización en grupos del 1 al 5. En la actualidad están clasificados por población, lo cual no solo es miope, sino que no permitiría asignar competencias, acorde con la real capacidad institucional, ejecutiva y fiscal de cada municipio.

A favor del trámite se ha mostrado el presidente del Congreso, el liberal Lidio García. Su tesis es contundente, cuando señala que la descentralización no es una postura académica, ni un debate de élites, ni un ejercicio teórico, sino una necesidad urgente, vital, para los territorios que sostienen la nación. No está de más recordar que la Misión de Descentralización asegura que hoy el Gobierno recauda el 81 % de los impuestos, mientras los departamentos reciben 5 % y los municipios el 14 %.

Si la Ley de reforma al SGP y el borrador de la ley de competencias son motivo de esperanza para fortalecer las facultades de los territorios, el recién radicado proyecto de ley orgánica que convierte la Región Administrativa de Planeación, RAP Caribe, en Región Ente Territorial, RET Caribe, le da un decidido y definitivo impulso a la consolidación de nuestra autonomía política, administrativa y fiscal para planear, financiar y ejecutar las políticas y los proyectos de escala regional que más requerimos.

La guinda del pastel, lo que remata estos pasos históricos, es el referendo popular previsto para el 8 de marzo de 2026, en el que todos en el Caribe debemos participar masivamente. Primero, para respaldar con nuestros votos la descentralización y modernización del Estado. Y, segundo, para ser los dueños de nuestro destino que, desde el inicio de la vida republicana, ha estado en manos de otros.