En su primer año, la intervención de Air-e ha sido un ejercicio de suma cero. Sobre todo, para sus millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, que debieron asumir los mayores costos de un recorrido errático, sin rumbo y de incierto futuro, que ha estado en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y, por supuesto, del Gobierno nacional.

Echando la vista atrás, el propósito de la toma de posesión de la empresa, heredera de parte del mercado de la liquidada Electricaribe, decisión consensuada –además– con sus dueños, era dar solución a sus complejos problemas financieros, operativos y administrativos que amenazaban la continuidad, cobertura y calidad del servicio en la región. ¡Eso nos dijeron!

Sin embargo, a medida que los meses han pasado, la incertidumbre inicial ante el temor de que se repitiera el fracaso de Electricaribe, intervenida en 2016 y en liquidación desde 2020, ha dado paso a una verdad de a puño: el remedio resultó bastante peor que la enfermedad. ¡Air-e intervenida es un desastre y sus usuarios hemos sido víctimas de una farsa! ¿Cómo es posible que dos ministros de Minas y Energía, tres superintendentes de servicios públicos y cuatro agentes interventores no hayan sido capaces de encontrar –al cabo de un año– una solución empresarial viable que garantice la estabilidad financiera de una compañía que atiende el 11 % de la demanda nacional? Llevamos 365 días escuchando los mismos cantos de sirena sobre salidas estructurales, estrategias integrales u hojas de ruta que, hasta ahora, no han resuelto la suma de crisis que afronta Air-e, que hoy no tiene cómo pagar sus deudas.

Habla el ministro Edwin Palma, sobre quien pesan alarmantes señalamientos sobre falta de transparencia en contratos con supuestos sobrecostos cuando era el agente interventor de la empresa, de construir con “decisión política y responsabilidad social una salida real y justa” para los usuarios. Suena tan bonito que cuesta creer que sea verdad. Prioricen, más bien, la entrega de recursos a Air-e para que cumpla sus compromisos con el resto de los actores de la cadena eléctrica nacional, antes de que sea tarde y su grave crisis de iliquidez e impagos desencadene un efecto dominó que haga tambalear la confiabilidad del sistema.

Actúen con responsabilidad y, en especial, con sentido de urgencia. Air-e intervenida acumula deudas por $3,6 billones: las pretoma por $1,9 billones y las postoma por $1,7 billones. A las generadoras de energía les adeuda $1,5 billones, en especial a las plantas térmicas. Por resolución de la Superservicios, esas empresas no pueden dejar de entregarle energía a la comercializadora, pero si no tienen cómo generar, el colapso puede ser general.

Ni hablar de la calamitosa situación de otros proveedores y contratistas que ya tiraron la toalla por impagos, ni de la ausencia de inversiones para modernizar una infraestructura deficiente, rezagada, lo que deriva en mal servicio. Cierto que buena parte de sus usuarios no pagan, unos porque no pueden; otros porque no quieren pese a tener con qué, en particular en La Guajira y Magdalena, donde el recaudo oscila entre el 53 % y el 64 %, mientras que en el Atlántico es del 81 %. Esta es una relación rota por desconfianza, falta de gestión e ilegalidad que exige una revisión profunda que, bajo las actuales circunstancias, Air-e intervenida no tiene cómo encarar, lo que al final genera un círculo vicioso inagotable.

Que la empresa requiere recursos y un nuevo modelo de operación para que deje de ser inviable, no lo discute nadie. Empezando por $200 mil millones al mes para funcionar, según su interventor, Nelson Vásquez. Pero lo que más necesita es que quienes asumieron la responsabilidad de estabilizarla nos digan con absoluta claridad cuál es la solución definitiva para sacarla de su postración. Su nivel de improvisación ha irrespetado a la región Caribe; si hasta parece que se burlaran de nosotros, lanzando propuestas que no conducen a nada.

Si la liquidación de Air-e está decidida, ¿el Gobierno, en la peor crisis fiscal que se recuerde, desembolsaría $15 billones que, de acuerdo con el senador José David Name, se requieren? No es lo único: ¿Cuál es el plan para asegurar suministro de energía en 2026, en vista de que no la contrataron a largo plazo? ¿O alguna vez dirán la verdad sobre el hackeo de hace un año? Se acumulan las preguntas por la falta de respuestas. En ese sentido, los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, que las han hecho por montones en el último año, radicaron una tutela ante el Consejo de Estado para obtener información e instauraron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para obligar al Gobierno a financiar a Air-e. Lo que haga falta para evitar descubrirnos otra vez al borde del precipicio.