La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal, dos de los tres delitos que se le imputaban en el trascendental fallo del llamado juicio del siglo en Colombia. Durante 11 horas, en la audiencia de lectura del sentido del veredicto, la togada acreditó la idoneidad del considerado testigo clave del caso, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

También validó elementos probatorios, columna vertebral del proceso, que la defensa del exmandatario había solicitado rechazar por ilegales. Uno de ellos, las interceptaciones a su celular en 2018, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia que, a su juicio, fue un “error involuntario” y no un acto de “mala fe”. También las grabaciones que hizo Monsalve con un reloj espía durante la visita que le hizo ese mismo año en la cárcel el abogado, Diego Cadena, para ofrecerle supuestos beneficios judiciales a cambio de modificar su testimonio contra Uribe, a quien ha acusado de constituir en Antioquia la estructura paramilitar Bloque Metro.

En su extensa recapitulación de las audiencias, 67 en total, que se cumplieron desde febrero cuando arrancó el juicio, la juez Heredia también desestimó versiones de los testigos y la validez de pruebas aportadas por la defensa de Uribe. Fue enfática al asegurar que este no solo conocía las presiones sobre Monsalve para que se retractara de las acusaciones en su contra, sino que era informado por Cadena de sus gestiones en las cárceles en tiempo real. Es más, indicó que era “disparatado” pensar que el expresidente no supiera lo que pasaba.

Conforme avanzaba la diligencia, el sentido condenatorio se hacía más evidente. Heredia documentó “construcciones falaces, múltiples mentiras o falsedades”, según sus palabras. En definitiva, retrató una confabulación para fabricar, precisó, una verdad que cambiara la realidad procesal. La asemejó a “una muestra de realismo mágico, donde se crearon personajes, milagros y coincidencias” para salvar a Uribe y desacreditar al senador Iván Cepeda, declarada víctima principal de un proceso político y jurídico que se remonta a 2012.

Han sido 13 años de un caso complejo, plagado de oscuras acusaciones, virajes radicales, actuaciones de distintas instancias de la Justicia y excesos de manipulación mediática, a tal punto que acentuó la polarización de la opinión pública y sacudió los cimientos de la nación.

Por su calado político e institucional, la histórica e inédita condena contra Uribe Vélez, en vista de que es la primera contra un ex jefe de Estado, marca un punto de inflexión en una coyuntura de ya elevada tensión en Colombia. Entre otras razones, por la proximidad de las elecciones. Es irrefutable que la sentencia contra el jefe natural del Centro Democrático, el líder de derecha más influyente de las últimas décadas, reacomodará inevitablemente el escenario y las fuerzas de la campaña electoral, radicalizará las posiciones de contradictores ideológicos y les dará abundante munición política para enzarzarse en nuevas y estériles confrontaciones. Unos y otros insistirán en la persecución judicial, la politización de la justicia o la judicialización de la política, para generar más polarización y movilización social.

Este es un relato en extremo riesgoso que tendría que evitarse a toda costa, porque atenta contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, en tanto erosiona la confianza en la justicia y en la legitimidad de las instituciones democráticas. Nadie debería permitírselo.

Quienes defienden la inocencia de Uribe se declaran respetuosos de la justicia, denuncian irregularidades en el proceso y señalan que no comparten el fallo. Están en todo su derecho. También, de acudir, como anunciaron, a la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá para apelar. Es el cauce institucional que garantiza una correcta aplicación de la ley.

Más que nunca, es un momento para que Colombia entera, comenzando por sus más altas autoridades, actúe con serenidad. Más allá de las inquietantes declaraciones del Gobierno y congresistas de Estados Unidos, que hablan de instrumentalización del poder judicial o de politización del fallo, el llamado es a la sensatez, a no usarlo como una herramienta política.

No cabe duda alguna, este veredicto señala un quiebre crucial que alterará el curso del país.