Dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras lleva. O lo que es lo mismo, si la Procuraduría y la Contraloría coinciden, además en cuestión de horas, en lanzar sendas alertas sobre el nuevo modelo de producción de pasaportes, resultante del convenio de contratación directa, firmado hace unos días entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, debe ser porque los riesgos identificados por los organismos de control son considerables.

El más angustioso sin duda es que los colombianos se queden al cabo de unas semanas sin los documentos de viaje que les abren las puertas del mundo exterior. El asunto no es mera especulación ni tampoco una ficción conspirativa, sino una preocupación cierta e innegable que desvela a las entidades. También a los ciudadanos de a pie ante los desacertados pasos que insiste en dar el Gobierno nacional en un tema que no ha sabido ni podido solucionar.

Más allá del grandilocuente anuncio del jefe de Despacho Presidencial, el pastorcito Alfredo Saade, quien garantizó hace casi tres semanas una “transición normal y tranquila” en la expedición de pasaportes, la realidad es que la unión temporal entre la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal aún no se materializa ni tampoco se firma contrato alguno.

Lo único cierto es que el tiempo corre y después del 31 de agosto, cuando venza el actual contrato de prestación del servicio, a cargo de Thomas Greg & Sons, nada indica que existirán las condiciones para que la Imprenta Nacional, con o sin Portugal, asuma esta labor. De hecho, el nuevo convenio con la Cancillería definió el 31 de marzo de 2026 como la fecha límite para la puesta en marcha del modelo de producción. Es decir, poco más de siete meses, casi el mismo tiempo de preparación requerido por la exministra Laura Sarabia, cuando le dijo a la Procuraduría que la Imprenta no estaba lista para arrancar la operación.

En esta inquietante cuenta regresiva, las alertas han comenzado a sonar con más fuerza. Le convendría al Gobierno escucharlas sin las cortapisas del dogmatismo antiempresa privada ni de su manido hábito de distorsionar o reinventar la realidad a su acomodo para excusar los desaciertos. Quizás es que ya sabe quién prestará el servicio desde el 1 de septiembre. Pues sí es así, debería socializarlo con los entes de control, a los que les asaltan las dudas.

Acerca del convenio Imprenta-Cancillería, la Procuraduría dice que no se conocen estudios técnicos previos ni documentos precontractuales exigidos por la ley; asegura que quedan menos de 290 mil libretas por entregar en el marco del actual contrato, lo cual expone al país a un riesgo de desabastecimiento. También se pregunta por qué la secretaria general en encargo y no la ministra Rosa Villavicencio suscribió el documento, cuestiona si Thomas Greg fue consultado para prestar el servicio en el caso de urgencia manifiesta y recuerda que sobre la Imprenta ya pesan investigaciones por supuestas irregularidades en el contrato para fabricar las cédulas de extranjería, con el que acudió a un tercero internacional.

Interrogantes válidos sobre la prestación de un servicio esencial, la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en la contratación, que comparte la Contraloría General. Esta pone en evidencia que no se sabe quiénes serán los aliados estratégicos de la Imprenta para implementar el nuevo modelo ni la forma cómo suscribirá los contratos para hacerlo viable. Su conclusión es lapidaria.

Si no adoptan medidas extraordinarias, Cancillería e Imprenta Nacional podrían incumplir el derecho constitucional de libertad de locomoción.

Es incierto lo que se avecina en el melodrama en el que el Gobierno convirtió la expedición de pasaportes, una operación que funcionaba bien y que ahora le ha costado el cargo a tres cancilleres por la obstinación de Petro. Hoy, cuando el rol protagónico lo asumió Saade, su perturbador histrionismo aumenta los riesgos. Ningún mecanismo de distracción: ni su grito de reelección ni el llamado a repostulación ya, catalogados como “payasadas” por su colega, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, lo levantará del descrédito si este encargo da paso a una crisis real, sin precedentes, no como las que crean artificialmente con sus fines políticos.

Al final, el pastorcito Saade va a tener razón. Somos una prensa arrodillada, pero al Sagrado Corazón de Jesús para que nos haga el milagro de que algún funcionario con sentido común reconduzca este desastre en ciernes y conjure la posibilidad, cada día más cierta, de que los ciudadanos nos quedemos desde el 1 de septiembre sin un doliente que expida pasaportes.