De castaño oscuro. Este adagio popular alcanza a resumir la situación en que se encuentra actualmente la empresa Air-e, que enfrenta un proceso de intervención desde septiembre del año anterior ante las dificultades financieras que pusieron en vilo su funcionamiento.

Han transcurrido nueve meses desde el inicio de ese proceso y el nombramiento de Nelson Vásquez como nuevo agente interventor por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos ha vuelto a centrar la atención en la situación financiera y administrativa de la compañía, encargada de suministrar energía a millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La llegada de una cuarta persona a este cargo en el mencionado periodo de tiempo ha sido duramente cuestionada por los gremios y expertos, asegurando que no se ha logrado consolidar una continuidad administrativa, lo que genera mayor incertidumbre y confusión.

Carlos Diago, Edwin Palma y Diana Bustamante han sido los nombres que han antecedido a Vásquez en esta labor, quienes han quedado registrados en las líneas de este medio por constantes anuncios en busca de una mejora en la empresa. Muchos de ellos se encuentran en mora de materializarse.

Para los más apocalípticos, la llegada de Vásquez desnuda la falta de un plan claro y robusto por parte del Gobierno nacional para hacer frente a las causales del proceso de intervención, que en enero del presente año se definió con fines liquidatorios, incluyendo una etapa de administración temporal para adoptar medidas para su fortalecimiento y garantizar la prestación del servicio en la región. Esta tesis se refuerza con las indagaciones que ha puesto en marcha la Fiscalía por un presunto robo de mayor cuantía que se habría gestado en medio de este proceso de intervención. Sin duda, un tema que debe analizarse a fondo para evitar mayores suspicacias frente a un ambiente ciertamente hostil.

Al margen de esta situación, los gremios energéticos han asegurado –con insistencia– que la crisis que atraviesa la empresa Air-e debe ser atendida con carácter técnico para evitar un efecto dominó que afecte a todo el sistema energético en el país. También han alertado que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los generadores de energía, en especial del sector térmico, fundamental para el respaldo del sistema eléctrico nacional en momentos de baja hidrología.

Según los cálculos de las agremiaciones, las deudas de Air-e ascienden a cerca de $1.5 billones. Por eso uno de los llamados más insistentes desde distintos sectores ha sido que se cubran los compromisos de la compañía con los diversos actores de la cadena energética.

Desde la Superservicios se ha dado a conocer recientemente que se viene estudiando la creación de una renta parafiscal para nutrir el Fondo Empresarial y hacerle frente a los compromisos que se desprenden de la intervención. Sin embargo, este sería un camino incipiente que requiere del aval del Congreso de la República para ser una realidad. Mientras tanto, las deudas siguen en aumento.

Además, la Superintendencia dio a conocer que junto al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas se ha diseñado una solución para la empresa, que incluye “el mejoramiento tecnológico, el avance de las comunidades energéticas – por medio del programa Colombia Solar – integradas por usuarios, así como su capacitación y cambio cultural”. Una solución que, hasta el momento, no ha generado cambio alguno ante el panorama antes descrito.

Mientras tanto, los entes de control han anunciado un seguimiento permanente al proceso de intervención y al sistema energético nacional, teniendo en cuenta que se mantiene cierta incertidumbre por el pago de subsidios, la gestión de la opción tarifaria y el impacto económico y la eficiencia de las intervenciones a empresas de servicios públicos.

Mientras esta madeja empieza a desenrollarse, la incertidumbre se mantiene en el punto más alto y ojalá esta situación no desencadene una crisis que ponga en jaque a la sociedad colombiana. Lo cierto es que la pelota en este momento se encuentra en el terreno del Gobierno, que debe avanzar –con celeridad– en la implementación de una hoja de ruta que comprenda acciones certeras que conlleven a una mejora sustancial y alejen al, cada vez más recurrente, fantasma de un apagón.